El actual ayuntamiento de la capital se ha caracterizado por su preferencia casi exclusiva por gastar los recursos públicos en «obra pública», en especial casi únicamente reparación de calles y repavimentación de algunas cuadras de ellas.
De acuerdo al párrafo tercero del artículo 115 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos son obligación de los ayuntamientos el proporcionar los siguientes servicios: agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; alumbrado público; limpia, recolección y traslado así como tratamiento y disposición final de residuos; mercados y centrales de abasto; Panteones; rastro; calles, parques y jardines y su equipamiento; seguridad pública.
En ninguno de estos renglones se menciona en específico la «obra pública» y es precisamente a lo que la actual administración municipal ha dedicado la mayor cantidad del presupuesto municipal: a realizar pavimentaciones que en muchas ocasiones no son urgentes pero que sirven de «obras de relumbrón».
Estas pavimentaciones son principalmente de dos o tres cuadras o fragmentos de calle, la única excepción fue la avenida Universidad que abarcó 10 cuadras. Pero de ahí en fuera sólo son pequeños «parches» en diferentes rumbos de la ciudad, que por cierto para su construcción tardan más allá de lo programado y de lo normal.
Tenemos el caso de una cuadra de la calle Manuel José Othón de 20 noviembre al eje vial, que «oficialmente» en medio de una ruidosa ceremonia la pusieron en funcionamiento para volver a cerrarla antes de una semana porque aún no estaba concluida.
Se realizan obras de relumbrón para que la mayor cantidad de personas se dé cuenta de que el ayuntamiento está «trabajando» y tenemos el absurdo ejemplo de la calzada de Guadalupe que en el momento preciso en que los feligreses iniciaron sus peregrinaciones el ayuntamiento empezó a repararla supuestamente, es obvio que para qué los miles de potosinos que en esta temporada van por ese andador «se den cuenta» de la obra pública de Ricardo Gallardo.
Lo que no tiene explicación y lleva a una gran duda es ¿porque la mayoría de los servicios están descuidados mientras el ayuntamiento hace «obra pública»?
Es evidente que la seguridad preventiva es sumamente deficiente y hasta se ha llegado a pensar que está en contubernio con la delincuencia.
Los directivos de la corporación policiaca municipal se quejan de falta de equipo elemental incluyendo vehículos y llegando al extremo de que los patrulleros andan a pie porque no existe equipo para transportarlos.
Además otro aspecto extraordinariamente (permítame utilizar esta palabra) sospechoso es el hecho de que no exista licitación para toda esa «obra pública», la ley reglamentaria para licitaciones indica que para una cantidad de hasta $78,750 el ayuntamiento puede adjudicarlas directamente; Entre $78,750 y $945,000 deberá adjudicarse mediante una invitación restringida por escrito cuando menos a tres proveedores; y cuando la operación sea superior a $945,000 deberá de otorgarse mediante licitación pública.
Por declaraciones directas del mismo Ricardo Gallardo Juárez las obras públicas que está realizando superan con mucho los $945,000 y nunca fueron licitadas, es decir se violó la ley al asignar esta obra y son irregulares los pagos que se hagan por la misma y no podrán ser reconocidos ni por el Congreso del Estado ni por la auditoría superior del Estado.
Los señores diputados y la auditoría superior tienen la palabra.
