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    Pide licencia alcalde de Chiapa de Corzo para ser investigado

    By on 19 octubre, 2016

     

    El presidente de Chiapa de Corzo, Héctor Gómez Grajales, solicitó licencia para separarse del cargo, luego de que elementos de la Policía Estatal Preventiva detuvieron a 21 elementos de la Policía Municipal.

    El presidente del congreso del Estado de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, informó que en un principio la Procuraduría General de Justicia del estado había solicitado el desafuero del edil de Chiapa de Corzo, debido a los supuestos vínculos con la delincuencia organizada y en el tráfico ilegal de personas indocumentadas.

    El sustituto de Gómez Grajales será nombrado el jueves próximo por el Congreso local, de acuerdo con lo informado por el Presidente Eduardo Ramírez Aguilar.

    Había solicitado el desafuero para el edil 

    El 11 de octubre de este año, la Policía Estatal Preventiva, detuvo a 21 elementos de la Policía Municipal y al subdirector de la misma, Hernán Gómez Grajales, hermano gemelo del edil, actualmente detenido en el penal 14 conocido como El Amate.

    Los policías interceptaron un autobús en el que viajaban varias personas, incluidas mujeres y niños, procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador, los bajaron y los subieron a dos patrullas posteriormente les pedían los números telefónicos de sus familiares para cobrarles 3 mil pesos de rescate, relataron los migrantes.

    Sin embargo, los policías municipales, fueron sorprendidos por los elementos de la PEP, cuando intentaban extorsionar a un grupo de 19 inmigrantes.

    Se inició la carpeta de investigación en contra de 21 elementos de la Policía Municipal de Chiapa de Corzo por el delito de Secuestro Exprés

    La Procuraduría, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en Contra de Inmigrantes, inició la carpeta de investigación correspondiente en contra de 21 elementos de la Policía Municipal de Chiapa de Corzo por el delito de Secuestro Exprés, en agravio de 19 migrantes centroamericanos.

    Asimismo, los imputados podrían alcanzar una pena de 50 años de prisión, agravándose por ser integrantes de una institución de seguridad, detalló la PGJE.

    Actualmente, el Fiscal del Ministerio Público integra la carpeta de investigación para solicitar a la Juez de Control, la audiencia inicial para calificación de la legal detención en flagrancia, por el delito de Secuestro exprés.

     

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