El Congreso del Estado actuará con responsabilidad para analizar y aprobar en su caso el paquete de iniciativas que envió el gobernador Juan Manuel Carreras, para la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, el cual también conlleva sacar adelante la reforma constitucional para crear la Fiscalía General del Estado.
En este sentido, la diputada Lucila Nava Piña, destacó la importancia de que cada una de las iniciativas presentadas por el Ejecutivo sea analizada al interior de las Comisiones de Puntos Constitucionales, Justicia, Gobernación y Vigilancia, pues de esta manera se podrán adecuar a las necesidades que demanda la población, pero sobre todo, tomando en cuenta los ordenamientos que sean viables para homologarlos con el sistema federal.
Informó que el paquete de iniciativas fueron enviadas con carácter de preferente, por lo tanto, será un plazo un mayor a 45 días, cuando el Congreso del Estado, puede estar aprobándolas en el pleno, previa revisión y análisis de las comisiones legislativas.
Por lo pronto, la legisladora e integrante de la Comisión de Vigilancia Lucila Nava Piña, señaló que San Luis Potosí contará con un sistema estatal anticorrupción de gran relevancia, tomando en cuenta que está es una de las principales demandas de los ciudadanos. Expuso que el Congreso del Estado, actuará con responsabilidad para sacar adelante este tipo de herramientas, tan importantes para el acontecer de los potosinos.
Cabe destacar que el paquete de iniciativas contempla la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de San Luis Potosí; Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de San Luis Potosí; Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado de San Luis Potosí y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí.
También se contempla, reformas al Código Procesal Administrativo del Estado de San Luis Potosí y la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí. Además, incluye reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí y al Código Penal del Estado de San Luis Potosí, respectivamente.