Durante este segundo año de ejercicio legal de la LXI Legislatura, la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado trabajará siempre con honestidad, sin distingos partidistas, alejada de cualquier motor que no sea el de la legalidad y la transparencia, y será la principal impulsora de que aquellos funcionarios o exfuncionarios que no hayan solventado las observaciones detectadas en sus cuentas públicas del 2015 sean castigados en tiempo hábil con todo el peso de la ley, sentenció ayer el diputado J. Guadalupe Torres Sánchez al instalar de manera formal la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado.
En este sentido, dijo “Fincándoles e imponiéndoles sanciones derivadas precisamente de las responsabilidades financieras y administrativas en que incurrieron, resultantes de los daños y perjuicios causados a la hacienda pública y al patrimonio de los potosinos”.
El presidente de esta comisión legislativa dijo que como resultado de la revisión de cuentas públicas y su fiscalización por parte de la Auditoría Superior del Estado correspondiente al año 2015, se observaron 900 millones de pesos y cuestionaron 4 mil actos de índole administrativo a un total de 112 entes auditables de San Luis Potosí.
“Razón por la cual el próximo 7 de octubre concluye la etapa de notificación o emplazamiento de aproximadamente 1,000 servidores y exservidores públicos, mismos que deberán enfrentar las irregularidades antes destacadas, a través de los procedimientos sancionadores que ya han iniciado, debiendo comparecer ante el órgano técnico fiscalizador dentro del periodo de tiempo que va del 10 de octubre al 10 de noviembre del presente año”, explicó el legislador.
Señaló que la Comisión de Vigilancia también estará en todo momento pendiente de que exista una verdadera coordinación entre el Congreso del Estado y la Auditoría Superior del Estado, evaluando de manera periódica el desempeño de ésta.
“Y buscando que la fiscalización de los recursos públicos se realice siempre con base en criterios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, legalidad y rendición de cuentas”, sostuvo Torres Sánchez.
Reiteró su disposición de trabajar este segundo año de ejercicio legal con los miembros de esta Comisión de Vigilancia y con los titulares de los entes públicos, a fin de consolidar que la Auditoría Superior del Estado sea una institución objetiva e imparcial, técnicamente sólida y sujeta a un proceso de mejora continua.
“Como integrantes de esta Comisión de Vigilancia tenemos la responsabilidad de que nuestro órgano de fiscalización denominado Auditoría Superior del Estado realice a cabalidad una de las tareas más importantes de esta soberanía, la fiscalización de recursos públicos. Con ello, responderemos a una de las principales exigencias de los potosinos, consistente en que su dinero sea utilizado de forma honesta y transparente, sobre todo, que sea fiscalizado con un alto sentido de responsabilidad”, puntualizó el legislador.
A la instalación de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado acudió Ángel Castillo Torres en representación del secretario general de gobierno Alejandro Leal Tovías; la magistrada María del Rocío Hernández Cruz en representación del presidente del Poder Judicial magistrado Luis Fernando Gerardo González; y el auditor superior del estado José de Jesús Martínez Loredo, entre otras personalidades.