El ayuntamiento de la capital continúa con el dispendio de recursos en propaganda personalizada pagada con dinero público, ya que, luego de que se vieran obligados a retirarla como resultado de la denuncia y pruebas presentadas por el Partido Acción Nacional, han colocado nuevos espectaculares con la fotografía del presidente municipal, así como spots donde explícitamente se menciona su nombre.
Maximino Jasso Padrón, Secretario General en funciones de Presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional, lanzó un exhorto al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) para mantenerse atentos a las acciones del gobierno municipal, tras el emplazamiento que se le hizo. «Lo que debería ser un trabajo de comunicación social del ayuntamiento como institución con base en un informe de gobierno, sigue siendo aprovechado a todas luces como una campaña publicitaria en favor de una persona».
Jasso Padrón, agregó que el replanteamiento de la propaganda que se hizo no es suficiente para reparar el daño al erario, toda vez que es un doble gasto en el que no se tendría que haber incurrido si desde un inicio se hubiera actuado conforme a ley. Asimismo, informó que entregó algunos otros testimonios sobre la continuidad en el uso de la palabra Gallardía, en el caso del municipio de Soledad de Graciano Sánchez e incluso por manifestaciones públicas que hicieron autoridades legislativas federales emanadas del Partido de la Revolución Democrática.
El pasado 27 de septiembre se cumplió el plazo correspondiente para que las autoridades denunciadas por irregularidades en este caso, los ayuntamientos de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y autoridades del Partido de la Revolución Democrática, pudieran determinar algunas pruebas en relación a la denuncia para poder ofrecer alegatos formales sobre la irregularidad denunciada, sobre todo porque se atribuyó el programa Borrón y Cuenta Nueva al PRD.
“Estamos atentos al seguimiento que el CEEPAC está dando a la denuncia que Acción Nacional presentó. Autoridades electorales y ciudadanos sabemos que es ilegal que cualquier funcionario público utilice los programas sociales en favor de su partido político o de su persona”.