Con la aprobación de su reglamento para el gobierno interior, la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, dio inicio formalmente este viernes a los trabajos para elaborar la nueva Constitución Política que regirá a sus habitantes. Para llevar a cabo este mandato, contará con ocho comisiones que abordarán las diferentes temáticas correspondientes a los 76 artículos y 21 transitorios que integran el proyecto entregado por el Jefe de Gobierno, y que abarcan desde los Principios Generales y la Carta de Derechos, hasta el Desarrollo Sostenible y el Régimen de Gobierno, pasando por el Poder Judicial, las Alcaldías, los Pueblos Indígenas y el Buen Gobierno.
La aprobación es un paso importante no solo porque representa la voluntad política de sus integrantes por hacer avanzar los trabajos, sino también porque los constituyentes acordaron incorporar los principios del parlamento abierto, lo que es una buena noticia en términos de transparencia legislativa. La doctrina jurídica y política sostiene que en una sociedad democrática debe prevalecer el interés general por sobre los intereses particulares o de grupo, y para que esto ocurra, es necesario adoptar un mayor compromiso con la rendición de cuentas y la participación ciudadana.
Los órganos legislativos proyectan los intereses ciudadanos y en ellos desarrollan sus actividades los representantes políticos de la sociedad. La confección de las leyes es un proceso que debe involucrar a todos porque significa la producción de las normas vinculantes. Los principios del parlamento abierto buscan garantizar, en primer lugar, el derecho de acceso a la información que los legisladores producen, poseen y resguardan mediante mecanismos y procedimientos que permitan su acceso de manera sencilla, oportuna e imparcial. También promueve la participación social y la rendición de cuentas en la toma de decisiones legislativas, facilitando la supervisión y el control ciudadano. En este punto destaca la socialización de la información parlamentaria respecto de la agenda, las deliberaciones y las votaciones, así como de los asuntos tratados en las comisiones y los órganos de gobierno legislativo.
Los principios de la transparencia parlamentaria establecen la obligación de divulgar información sobre la gestión administrativa, y en su caso, sobre los recursos asignados. Un aspecto importante que caracteriza a esta forma de concebir democráticamente los procesos legislativos, es que los integrantes del órgano parlamentario también hacen pública su declaración patrimonial y de intereses. De esta forma, se establece el compromiso de fomentar una cultura de la transparencia y de fácil acceso a la información parlamentaria con características de datos abiertos presentados de manera lógica, histórica e interactiva en formatos comprensibles para los ciudadanos.
No menos importante, es el compromiso adquirido por la Asamblea Constituyente para asegurar que las instalaciones, las sesiones y reuniones sean accesibles y abiertas al público en tiempo real a través de la transmisión televisiva de los procesos parlamentarios. Si la Asamblea Constituyente desea traducir las aspiraciones liberales y democráticas de los habitantes de la Ciudad de México, y al mismo tiempo, demostrar a otras legislaturas que es posible hacerlo, deberá aprobar una Constitución Política de avanzada que promueva el gobierno abierto como un derecho humano.
Ayotzinapa: Evaluar las instituciones
Hace dos años México retrocedió gravemente en su desarrollo democrático. La dramática desaparición forzada de 43 jóvenes estudiantes en condiciones aún no aclaradas, activó un mecanismo analítico en el conjunto de la sociedad que se pregunta sobre el sentido y el rumbo adoptado por nuestro proceso de transformaciones políticas. Emergen los siguientes interrogantes: ¿Vamos en la dirección correcta?, ¿el desempeño institucional es el adecuado? Y si no, ¿cuál es el que necesitamos? México es grande y merece lo mejor, y por lo tanto, otra pregunta: ¿éstos son los únicos posibles resultados que trajo nuestra transición política?
Sobre la desaparición forzada de los normalistas existen distintas hipótesis, lo único cierto es que la impunidad prevalece. La impunidad representa un crimen sin castigo, es una excepción de condena y una forma de escapar de la justicia. Cuando la impunidad reina soberana, como en el México de nuestros días, representa una negación a las víctimas a la reparación del daño e indica una situación de ausencia del estado de derecho. Es un componente de la corrupción política, es decir, del proceder institucional donde prevalece el punto de vista y el interés particular del grupo que gobierna por encima de cualquier otra consideración.
Los decenios de lucha en nuestro país por construir un sistema democrático, eficaz, eficiente y con capacidad para responder a las aspiraciones de la población —que es la definición mínima de la democracia—, aún no se concretan.
El politólogo español, Juan Linz, estudioso de las causas que motivan la caída de los regímenes democráticos, ubicó en la relación eficacia-eficiencia-legitimidad una de las principales causas en el retroceso de los sistemas políticos hacia el autoritarismo. Con ello venía a recordar que los procesos de democratización no son siempre etapas de un desarrollo político ascendente, sino que la evidencia empírica mostraba sistemas que, habiendo alcanzado algún grado de democratización, habían entrado en crisis política, justamente por su ineficacia institucional.
Consideraba a la eficacia como la capacidad de un régimen para encontrar soluciones razonablemente satisfactorias a los problemas básicos con los que se enfrentan todos los sistemas políticos, pero que cobran relevancia en determinados momentos históricos. La eficacia no es juzgada por actos en el corto plazo, sino por la suma de las decisiones adoptadas a lo largo de un período. La efectividad, por su parte, representa la capacidad efectiva para poner en práctica las medidas políticas formuladas y se juzga por los resultados. Linz advierte, además, que la ineficacia afecta a la legitimidad generando un vacío de poder que facilita la caída de una democracia.
La desaparición de los normalistas de Ayotzinapa plantea serios desafíos de legitimidad a nuestro sistema político. La crítica principal apunta a la actuación de las autoridades. Iniciando con el desordenado proceso de investigaciones llevado a cabo por la PGR que, a 24 meses de distancia, aún sigue dilapidando la confianza y los enormes recursos que los mexicanos ponemos a su disposición. Con una estructura burocrática hipertrofiada, esa institución sigue envuelta en sus propias contradicciones, violentando el elemental derecho humano a la información verídica que exigimos todos los mexicanos.
