Con el objetivo de reconocer íntegramente el derecho de las personas con discapacidad para acceder a los espacios públicos y privados, ya sea acompañados de otra persona, un perro guía o ayudas técnicas como sillas de ruedas o andaderas, la diputada Dulce-lina Sánchez de Lira presentó una iniciativa de reforma a la diversos artículos de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado y Municipios de San Luis Potosí.
En su exposición de motivos, la legisladora manifiesta que actualmente dicha legislación contempla como derechos específicos de las personas con discapacidad, el derecho de acceso y permanencia a todo lugar físico público o privado a las personas con discapacidad visual y motora que se encuentren acompañados de perro guía, lo que resulta limitativo, pues el derecho de acceder y permanecer en cualquier espacio público o privado de uso público lo es toda persona con discapacidad.
Por ello, es necesario asegurar y garantizar el acceso y permanencia de las personas con discapacidad, no solo con su perro guía, sino además de todas aquellas que se encuentren asistidas por sillas de ruedas, sillas, andaderas, y cualquier otra ayuda técnica para la movilidad, incluyendo a la persona que le asista y acompañe en razón de la discapacidad que presente. “Debemos entender que el perro guía, los dispositivos tecnológicos y materiales como lo son sillas de ruedas, sillas, andaderas, así como las personas que los acompañan y asisten, se constituyen en ayudas, herramientas intrínsecas, esenciales de las personas con discapa-cidad que les permiten habilitar, rehabilitar o compensar una o más limitaciones funcionales, motrices, sensoriales o intelectuales”.
La iniciativa indica también que cuando el acceso a los espacios públicos o privados tengan costo para las personas usuarias, en ningún caso se podrán generar costos adicionales por el acceso y permanencia del perro guía y/o de las ayudas técnicas y/o de la persona que acompaña y asiste, a las personas con discapacidad.
Señala que la negativa para impedir el acceso o permanencia en espacios públicos o privados, bajo cualquier argumento, ya sea porque no se cuenta con rampas, elevadores, espacios interiores suficientes, medidas de seguridad idóneas, o se genere un costo adicional por el perro guía, la ayuda técnica o persona acompañante, se constituye en una barrera física que impide la plena integración social de las personas con discapacidad, en franca violación del marco jurídico nacional e internacional.
Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género para su análisis.