CIUDAD DE MÉXICO.-Así como durante un año los diputados locales de Morena se negaron a participar en las comisiones de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México argumentando que los ignoraron en la designación de presidentes de comisiones, a tres días de que inicie sesiones la Asamblea Legislativa ya advirtieron que no reconocerán a los 40 constituyentes designados, sólo trabajarán con los 60 electos.
“La ciudad tiene que dejar de ser el botín de los poderosos, de esa usurpación que se hace desde el poder y al atraco contra los bienes comunales… y desde ahora les decimos que no reconocemos a ninguno de los 40 que fueron impuestos, únicamente tienen derecho a voz y voto los que fuimos electos”, dijo la constituyente Patricia Ruiz Anchondo durante la toma de protesta popular de Morena.
Su líder en la Ciudad de México, Martí Batres, también anunció que los constituyentes de Morena “irán con la razón y los argumentos para convencer a los demás constituyentes, se hablará con todos para convencerlos del proyecto de Morena”.
Y destacó que “uno de nuestros objetivos es evitar que se siga como en este gobierno que se ha caracterizado por la privatización de los servicios, aumento en su costo.
“Si se hace un balance de esta administración hay una palabra clave: retroceso democrático, social y en general en el interés público”, declaró el dirigente.
En el evento celebrado en el Hemiciclo a Juárez, Batres adelantó: “Vamos a estar apoyando la lucha desde fuera para que salga bien la Constitución y si hubiera tentativa de retroceso nos movilizaremos y seguiremos en la lucha”.
En tanto que Irma Sandoval expuso que van a someter a referéndum la Constitución”.
Bátiz señaló que Morena no quiere que la Constitución “sea un acuerdo de partidos, tampoco queremos que sea un apéndice del Pacto por México… queremos que sea la verdadera expresión de la voluntad popular, tenemos mayoría en esta ciudad y la vamos a hacer valer”.
Batres adelantó que entre sus propuestas para la Constitución estarán la prohibición de privatizar los servicios públicos, la destitución e incautación de bienes de los funcionarios corruptos y la no reelección a cargos públicos.