Informe. Del “Día del Presidente” nada queda

La finalidad del informe presidencial es que el pueblo en su conjunto, en quien recae la soberanía nacional, esté informado del estado que guarda la administración pública, para ello la Constitución de 1917, en su artículo 65 dispuso que “el Congreso se reunirá el día 1º de septiembre de cada año para celebrar sesiones ordinarias” y en el 69 señala que: “la apertura de sesiones del Congreso, sean ordinarias o extraordinarias, asistirá el Presidente de la República y presentará un informe por escrito; en el primer caso, sobre el estado general que guarde la administración pública del país, y en el segundo, para exponer al Congreso o a la cámara de que se trate, las razones o causas que hicieren necesaria su convocación y el asunto o asuntos que ameriten una resolución perentoria.”
Estos artículos constitucionales fueron modificados en tres ocasiones: en 1923, posteriormente en 1986, manteniendo la obligación del Presidente de la República de asistir y de presentar un informe escrito y fue hasta el 2008 que se suprime la obligación del presidente de la República de asistir a la apertura de las sesiones del Congreso.
Rendir el Informe de Gobierno, por tanto, es una obligación constitucional vigente para el Presidente de la República. El Ejecutivo debe anualmente presentar, al inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, un informe del estado que guarda la administración pública. La idea es que ambas cámaras analicen el contenido del documento y citen a comparecer a los secretarios de Estado que conforman el gabinete presidencial, para que den detalles del trabajo realizado en su área específica de competencia. Pretende, de acuerdo a este esquema, ser un hecho que reconoce la división y equilibrio entre los poderes de la Unión.
El día del Presidente
Durante muchos años, a lo largo de la historia del País, el primero de septiembre se consideraba el Día del Presidente. El jefe de Estado era protagonista de un evento que ratificaba el dominio del modelo presidencialista. No sólo se daba a conocer el estado que guardaba la administración pública, sino que era la mejor oportunidad para ratificar el poder unipersonal del mandatario. Además servía para conocer la correlación de fuerzas al interior del gobierno. Los observadores seguían con detenimiento todos los eventos del día para, por ejemplo, desentrañar quién iba adelante en la carrera presidencial o quién había caído de la gracia del mandatario. El día estaba plagado de mensajes sutiles y crípticos.
Desde el amanecer, en la casa presidencial había —signo de tiempos por fortuna ya idos— cobertura con figuras de la televisión, la radio y la prensa para ver qué habían desayunado los integrantes de la familia presidencial, cuáles habían sido las actividades previas e ese gran día, el del Informe. Se establecía para su difusión, cadena nacional de radio y televisión. Fue el Presidente Lázaro Cárdenas, en 1936, quien leyó por primera vez en radio un informe presidencial; y en el cuarto informe de Gobierno de Miguel Alemán Valdés, el 1 de septiembre de 1950, cuando se realizó no sólo la primera ceremonia televisada de este tipo, sino la primera transmisión oficial de la historia de la televisión mexicana, la imagen, el mensaje del Presidente llegaba a todo México.
El cambio
Acaso el Informe más recordado del antiguo régimen sea el último de José López Portillo, cuando anunció la nacionalización de la banca y el control de cambios. Fue el día en el que ofreció defender al peso como perro. La nacionalización bancaria fue la respuesta que encontró para hacer frente a lo que consideró un embate especulativo en contra de la moneda mexicana por parte de las instituciones de crédito. “Ya nos saquearon. No nos volverán a saquear”, dijo el mandatario con la voz semicortada, mientras todos en el recinto estaban de pie, incluso el presidente electo, Miguel de la Madrid, que aplaudía de manera parsimoniosa, pensando acaso que una de sus primeras tareas, ya en el poder, sería dar marcha atrás a la nacionalización.
La modernización del país, su apertura a los mercados internacionales, hablo de la década de los años 80, fue acompañada de la democratización de la lucha por el poder. Ante un escenario de competencia real el formato del evento mostró sus limitaciones. Era un evento para otras circunstancias. En el último informe de Miguel de la Madrid Hurtado, el senador Porfirio Muñoz Ledo, que ya había dejado al PRI para pasarse a la oposición de izquierda, lo interpeló e incluso trató de acercarse a él, lo que ocasionó un forcejeo, manotazos y patadas ante los ojos atónitos de los ciudadanos que nunca habían visto nada parecido. De la Madrid y Muñoz Ledo habían sido compañeros en la Facultad de Derecho de la UNAM y también colegas en el gabinete de José López Portillo.