Buscan sancionar y erradicar el abigeato en SLP

Como parte de las acciones para sancionar y erradicar el delito del abigeato en el estado, el diputado Héctor Meráz Rivera presentó una iniciativa de reforma a los artículos 92 y 94 de la Ley de Fomento al Desarrollo Rural del Estado de San Luis Potosí, que actualmente se analiza en la Comisión de Desarrollo Rural y Forestal.

El legislador explicó que esta propuesta busca garantizar la legítima propiedad del ganado y su sacrificio, además de establecer sanciones en la movilización de ganado y carne que se realice de manera irregular.

De esta manera, se propone incluir dentro del apartado de sanciones e infracciones de la propia ley, el movilizar ganado mayor, menor y crías sin acreditación de propiedad y guía de tránsito; movilizar ganado mayor o menor, muerto, en canales o en cortes, sin contar con los documentos relativos a su sacrificio o propiedad.

Además, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 149 y 162 de la Ley de Sanidad e Inocuidad del Estado de San Luis Potosí, respecto al sacrificio clandestino; quien lo haga será considerado como presunto responsable del delito de abigeato y se le consignará a la autoridad correspondiente, además de la sanción administrativa contemplada en esta ley.

El legislador manifestó que el objetivo es atender el problema del abigeato que está lastimando a la entidad y de manera enfática a la región huasteca, y que produce severos daños a los ganaderos potosinos.

Recalca que el delito de abigeato está ya considerado en el Código Penal del Estado, el cual es sancionado con pena de prisión y sanción pecuniaria, dependiendo si se trata de ganado mayor o menor, “sin embargo, los hechos recientes en nuestra entidad, particularmente en el distrito que represento y otros circunvecinos, demuestran que la situación del abigeato se encuentra a la alza”.

Agrega que con esta iniciativa busca apoyar en la aplicación de la Ley en beneficio de los ganaderos potosinos en lo relacionado al traslado de los animales, para fortalecer la normatividad estatal y evitar que la delincuencia pueda movilizar el producto de los robos para venderlo en estados vecinos a un precio más alto.