El diputado Manuel Barrera Guillen, solicitó la intervención del Gobierno Federal, a través de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para que investigue, lo que calificó como una red de corrupción para encubrir a presidentes municipales en la verificación de sus cuentes públicas.
Señaló que en esta trama podría encontrarse involu-crado el titular de la Auditoria Superior del Estado (ASE), José de Jesús Martínez Loredo, así como otras autoridades locales.
El legislador del Partido Verde Ecologista de México, dio a conocer que en septiembre, una vez que inicie el periodo ordinario de sesiones, el Poder Legislativo instruirá la investigación en contra de Martínez Loredo, quien enfrenta, hasta el momento, cuatro solicitudes de juicios políticos, por supuestas anomalías en el desempeño de sus funciones y hasta el momento ninguna de ellas ha prosperado.
En este punto, el coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, Enrique Flores Flores, acusó al presidente de la Comisión de Gobernación, Oscar Bautista de estar protegiendo a Martínez Loredo, en virtud de que no se le ha dado cauce a ninguna de ellas, incluyendo la que presentó el propio diputado panista.
Por su parte, Barrera Gui-llen, señaló que entre los favorecidos por las auditorías realizadas por la ASE se encuentra el Ayuntamiento capitalino, a quien le habría tapado un desvío de recursos por casi 70 millones de pesos, en donde se encuentra la compra de medicamentos por 34 millones de pesos a una particular de nombre Sandra Sánchez Ruiz.
Sobre este caso en particular, dijo que el Poder Legislativo, ya autorizó la integración de una comisión especial para investigar quién es Sandra Sánchez Ruiz, dueña de una mini farmacia, la cual ha realizado ventas de medicamentos al Municipio por 34 millones de pesos.
Detalló que en la revisión de la hacienda municipal de los tres primeros meses de la gestión municipal capitalina, realizó observaciones por gastos no comprobados, sin embargo, en el resultado final de la auditoría correspondiente al ejercicio fiscal del año pasado el auditor sustituyó de manera ilegal las observaciones efectuadas con antelación, sin que se hayan presentado las facturas correspondientes.
