Dice el chiste que los economistas se las arreglan para generar caos donde no lo había. Es lo que ha pasado con la decisión del Inegi de introducir cambios en los criterios para la captación y verificación de los datos en su Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares (ENIGH) del 2015, sin acordarlo antes con el Coneval, la instancia encargada de la evaluación de las políticas de desarrollo social.
El problema es doble. Técnico y político.
En lo técnico, se imposibilita una comparación seria entre la información captada en años anteriores y la de 2015. Se rompe la serie iniciada en 2008.
En lo político, queda la impresión —aumentada por la lupa del sospechosismo que, sabemos, es deporte nacional— de que la intención es impedir que se haga un comparativo de la pobreza a lo largo de estos años. O peor, en jugada de ranversé, que haya quien quiera dar la idea de que se están ocultando los niveles de pobreza para quemar a los funcionarios encargados de combatirla. En el camino, como señaló en estas páginas Ricardo Becerra, “este episodio fractura una relación estratégica para el país, entre dos de sus instituciones clave”.
Quien intente hacer un comparativo con los datos del Inegi entre 2015 y 2014 inevitablemente terminará cocinando un arroz con mango, una combinación que, en principio, no se da. Sin embargo, hay varios aprendices de cocina tailandesa, y quieren preparar ese raro platillo. Ya se vio que las modificaciones en la metodología para medir la pobreza han resultado en una notable disminución de la misma. Y ya se han realizado corridas y tabulaciones comparativas —la más recientemente publicada, en Excélsior—, que suelen recibir fuertes críticas, más por el lado político que por el técnico. Hay, en el fondo del asunto, un problema de origen. Toda encuesta de ingreso-gasto tiende a subestimar los ingresos. Por lo general, las familias declaran menos de lo que reciben, y suelen hacer caso omiso a ingresos no salariales, que a veces son muy importantes. Por esa causa, Piketty, en su libro El Capital en el Siglo XXI, considera que es preferible utilizar los datos de la declaración de impuestos (también rasurados, pero menos).
Ahora bien, lo interesante es que Piketty dice que la subdeclaración de ingresos es más común y más grande en los hogares del decil X (es decir, los más ricos) y menor en los hogares pobres. La historia de la ENIGH hace pensar que lo mismo ha sucedido en México. Supuestamente, la nueva metodología del Inegi ayuda a reducir estos índices de subdeclaración. Pero algo no funciona.
Extrañamente, la repartición entre deciles de los ingresos adicionales que el Inegi encontró en la encuesta de 2015 (sí, estoy haciendo una comparación) no cumple con el patrón previsto. Aumentaron 14 por ciento en el decil más rico, y 41 por ciento en el decil más pobre. Una de dos, o en México, a diferencia de los demás países, son los más pobres quienes esconden más sus ingresos, o las transferencias a los más pobres son tan grandes que resultan en una mejoría sustancial del ingreso… pero si uno se va a los tabuladores, encontrará que los ingresos por trabajo subordinado son los que crecen más entre los más pobres y, entre las transferencias sólo tienen peso igualador las que son en especie. La tendencia que habían documentado Inegi y Coneval desde 2008 era de una caída continua de los ingresos laborales de la población, atemperada, primero, por el mayor acceso a satisfactores de salud, educación y vivienda y, después, por la baja tasa de inflación, que limitaba la erosión de los ingresos reales.
El desplome salarial es ya un fenómeno de largo plazo. Ha durado una generación entera. La eliminación paulatina de los rezagos sociales ha funcionado como paliativo, y también, hay que decirlo, como válvula en la olla de presión. Los métodos de control inflacionario, al tiempo que han evitado una merma ulterior en los salarios, han desembocado en el estancamiento estabilizador que vivimos, que genera inversión y empleo formal de manera insuficiente, respecto a las necesidades de la población. En estos meses se ha discutido acerca de la necesidad de un incremento al salario mínimo que ayude a superar el rezago salarial de décadas. Mal haríamos en tomar los nuevos datos del Inegi como pretexto para no hacerlo. Cuando el Coneval dé a conocer, a finales de este mes, sus indicadores de estimación de la pobreza, muy probablemente se verán avances en factores como acceso educativo, a servicios de salud y seguridad social, calidad de la vivienda, etcétera. El problema será la medición de los ingresos de los hogares y, relacionado a ésta, el acceso a la alimentación por insuficiencia de ingresos. Allí entraremos de nuevo al debate político, debido a los cambios de medición.
Todo esto es una lástima, porque ya se sabe que nuestros políticos convierten toda discusión en un arroz con mango, y una de las cosas más malas que podemos hacer como nación es partidizar el debate sobre el combate a la pobreza, que debería entenderse como tarea común. Más todavía, en un país tan desigual como el nuestro.
