La Universidad Autónoma de San Luis Potosí debería ampliar el cupo de estudiantes de acuerdo a la demanda, pues cuenta con los suficientes recursos económicos para hacerlo, advirtió Jalil Chalita Zarur, tras señalar que es injusto que las autoridades universitarias jueguen con el futuro de los más de seis mil rechazados.
La educación, —subrayó el secretario de Vinculación del Comité Directivo Estatal del PAN— no puede convertirse en privilegio de unos cuantos, es un derecho de todos.
Advirtió que no se puede utilizar como pretexto que los aspirantes no pasan el examen, cuando en realidad faltan espacios educativos porque el grupo que controla la UASLP se niega a invertir en la construcción de más aulas y a contratar nuevos maestros.
Dijo que las familias de los estudiantes que si fueron aceptados deben aportar las cuotas más altas de las instituciones de educación superior del país: de ocho mil a 15 mil pesos, dependiendo del tipo de licenciatura. Mientras en Zacatecas la cuota es de 250 pesos.
“Estas elevadas cuotas con que se gravan los estudios de jóvenes procedentes de familias principalmente obreras, campesinas y populares, serían utilizadas para pagar los cuantiosos salarios y lujos de esta burocracia universitaria”.
Lamentó que la universidad esté secuestrada por el mismo grupo de poder heredado por Alfonso Lastras.
“Desde la lamentable desaparición de las preparatorias ordenadas por el ex rector Alfonso Lastras y ejecutadas por Juan Ramiro Robledo Ruiz, la represión laboral, el tráfico de influencias y la castración intelectual y política de los grupos estudiantiles que han pasado por ahí son el sello político que marca a la universidad.
Sostuvo que las autoridades deben garantizar el derecho a la educación media superior y superior pública, gratuita y de alto nivel académico a todos los jóvenes que lo soliciten.
Por ello, propuso el incremento de la matrícula en todas las instituciones públicas del estado que imparten bachillerato y estudios superiores; construcción de nuevas universidades que “ofrezcan una excelente formación en docencia, investigación y difusión”; cancelar el examen de admisión como mecanismo para el ingreso al nivel medio superior y superior, y que se diseñe –previa consulta ciudadana—un nuevo procedimiento “justo y equitativo” para el ingreso de todos los aspirantes.
