El presidente Enrique Peña Nieto, mediante el consejero jurídico de la Presidencia, anunció esta noche el veto a una serie de disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que forman parte de la llamada Ley 3de3, por violentar los derechos humanos de los mexicanos.
En un mensaje a medios, el consejero jurídico del Ejecutivo Federal, Humberto Castillejos Cervantes, indicó que el presidente Peña, hizo ejercicio de su facultad constitucional de realizar observaciones a las leyes aprobadas por el Congreso, «conocida como facultad de veto».
Tras anunciar que el Presidente de la República devolverá al Senado para su análisis el artículo 32, incisos B y C, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 15 artículos más dijo que se solicitará a la Comisión Permanente se realice un periodo extraordinario de sesiones para procesar este tema.
Detalló que además el Ejecutivo devolverá a la Cámara alta otros 15 artículos relacionados con el artículo 32, los cuales señalan que todo particular o empresa que ejerza o reciba recursos públicos o que contrate con cualquier instancia de gobierno debe presentar sus declaraciones patrimoniales y declaración de intereses.
Agregó que dichos artículos además apuntan que toda persona que trabaje en empresas que contrate con el gobierno, «es decir la totalidad de los trabajadores de una empresa sin importar su función dentro de la misma», tendrían que presentar estas dos declaraciones.
«El Gobierno de la República ha escuchado con atención las voces que argumentan que esta medida es excesiva y que haría inoperante el Sistema Nacional Anticorrupción, ya que seria imposible procesar millones y millones de declaraciones», argumentó Castillejos.
Hizo notar que también inhibiría a los particulares de prestar servicios o vender productos a gobiernos, «y lo más importante, afectaría personas que no están vinculadas con contrataciones como beneficiarios del programa Prospera o los becarios del CONACYT, entre otros.
«Con la convicción de que las críticas a estos artículos han señalado un problema real a la operatividad del Sistema Nacional Anticorrupción y que esta medida resultaría contraria a los derechos humanos previstos por la Constitución General de la República al afectar de manera excesiva la vida privada y la protección de los datos personales de los mexicanos e incluso de extranjeros que no viven en el país, pero que trabajan en una empresa transnacional, el Presidente de la República está proponiendo modificaciones para fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción», dijo. Castillejos Cervantes sostuvo que esto «de ninguna manera» disminuye la capacidad de las autoridades para investigar y sancionar a aquellos particulares que actúen de forma irregular ante el Estado.
