CHETUMAL.-Más de 600 personas fueron dispersadas con gas pimienta, luego de que se amotinaron en las afueras del Congreso del Estado de Quintana Roo para impedir que los diputados aprobaran iniciativas que presuntamente protegen al gobernador saliente Roberto Borge Angulo.
Los manifestantes derribaron las vallas y las lanzaron hacia los más de 500 antimotines que resguardaban la sede del Poder Legislativo, convirtiéndolo en una verdadera fortaleza y al que tampoco los medios de comunicación tuvieron acceso.
Las confrontaciones iniciaron desde el pasado lunes por la tarde, cuando decenas de ciudadanos evadieron vallas y granaderos para ingresar al salón de plenos del Congreso local, donde 20 de los 25 diputados, con mayoría priista, llevó a cabo en medio de gritos y reclamos la elección de los integrantes de la Mesa Directiva del Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones.
Algunos de los manifestantes permanecieron en guardia durante toda la noche en el Congreso del estado porque este martes se llevaría a cabo la sesión a las 11 de la mañana.
Desde muy temprano los antimotines rodearon al Congreso con vallas, pero la violencia se desató cuando los manifestantes intentaron ingresar al recinto legislativo y los granaderos los recibieron a empujones y macanazos.
Al no poder contener a los manifestantes, los policías dispararon gas pimienta que logró dispersarlos pero solamente por unos minutos, ya que nuevamente se arremolinaron contra los policías y comenzó el intercambio de proyectiles como piedras, botellas de vidrio y hasta cocos.
El presidente de la Gran Comisión del Congreso de Quintana Roo, el priista Pedro Flota, responsabilizó al gobernador electo Carlos Joaquín González por los hechos.
La sesión fue suspendida y no se aprobó el nombramiento del nuevo auditor, el cambio de tres magistrados y la creación de una nueva fiscalía.
Joaquín pide no avalar opacidad
CHETUMAL.- El gobernador electo de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, invitó a los legisladores a “no aprobar iniciativas en contra de la transparencia”.
El Congreso local había agendado el nombramiento de un nuevo auditor superior, a tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado y a un nuevo fiscal, en una iniciativa que fue vista como de blindaje en favor del gobernador Roberto Borge.