La recién aprobada Ley 3de3, que obliga a empresarios proveedores del gobierno, becarios y otros grupos que reciben apoyo monetario de instituciones públicas a presentar su declaración de intereses, patrimonial y fiscal, enfrentará una ola de amparos, denunció el líder nacional del PAN, Ricardo Anaya. Dijo que la enmienda de última hora “es una trampa que no está basada en ninguna reflexión seria ni en experiencias internacionales”, además, frenará el ímpetu de la exigencia ciudadana que buscaba frenar la corrupción en la clase política.
Por su parte, el coordinador de los diputados del PRD, Francisco Martínez Neri, adelantó que promoverán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte.
Asimismo, solicitará al presidente Enrique Peña Nieto que vete la ley.
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, advirtió que la ley podría ahuyentar las inversiones en la capital.
ADVIERTEN OLA DE
AMPAROS POR LEY 3DE3
La idea de hacer obligatoria para los particulares la presentación de su declaración 3de3 es una trampa que no está basada en ninguna reflexión seria ni en experiencias internacionales, consideró el Partido Acción Nacional (PAN).
El dirigente panista, Ricardo Anaya, dijo que la enmienda de última hora lo que busca es que se activen amparos en contra de la ley, para así “frenar el ímpetu de la exigencia ciudadana”; que buscaba frenar la corrupción con en la clase política.
Advirtió que si bien es absolutamente cierto que la corrupción suele involucrar a un político y también a un particular, “la idea de hacer obligatoria la declaración 3de3 para los ciudadanos no está basada en ninguna reflexión seria, ni en experiencias internacionales”.
Comentó que la redacción del inciso b) del nuevo artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas “pretende, en el fondo, descarrilar el movimiento cívico a favor de la Ley 3de3, al convertir las declaraciones no en una obligación de la clase política, sino en un nuevo trámite para becarios, pensionados y todo tipo de beneficiarios de programas sociales”.
Detalló que esta legislación sería aplicable a casi 35 millones de personas, como podrían ser los beneficiarios de Prospera y Proagro; pensionados del IMSS, ISSSTE y Pemex, y becarios de Conacyt, entre otros grupos que reciben apoyo de instituciones públicas. La noche del jueves los diputados del PRI, PVEM y PANAL, que forman mayoría simple en San Lázaro aprobaron, pese al rechazo, de PAN, PRD y Morena y Movimiento Ciudadano la obligación para que las personas físicas y morales que firmen contratos con el gobierno o ejerzan recursos públicos presenten sus declaraciones patrimonial y de intereses. De esta manera, se rechazó la solicitud que representantes de la sociedad civil y empresarios realizaron para eliminar la inclusión de los particulares en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Por ello, el líder del PAN, Ricardo Anaya, expresó la postura del Comité Ejecutivo Nacional (CEN): “lo decimos con claridad: es una trampa vil. No sólo es una aberración técnica, es un franco intento por torpedear el Sistema Nacional Anticorrupción”.
PRD busca echarla abajo
El jefe de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri, adelantó que ésta promoverá la presentación de una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN por la incorporación de los particulares a la ley 3 de 3.
