Todos los servidores públicos sin excepción serán sujetos a la nueva Ley Penal, en la que se establece como delito el derecho de piso y cuotas laborales irregulares; los moches y obtener beneficio personal de una gestión presupuestal, así como la contratación ilegal de deuda pública, el ocultamiento o falsificación de información para obtener contratos, serán sujetos obligados a presentar su «3 de 3» las personas físicas y morales que reciban recursos públicos o hagan usufructo de contratos públicos.
Lo anterior son parte de las cinco de siete leyes que componen el Sistema Nacional Anticorrupción aprobadas hasta el momento en el Senado de la República.
El secretario de la Mesa Directiva, Octavio Pedroza Gaitán destacó que la corrupción junto con la inseguridad, la impunidad y el desequilibrio económico, son los obstáculos más grandes para el desarrollo justo y sólido en México, afirmó el senador y secretario de la Mesa Directiva, Octavio Pedroza Gaitán.
Indicó que se ha dado un paso enorme en el combate a la corrupción con la aprobación del paquete de leyes para dar paso a la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción con reformas que comprenden: la creación del Consejo de Participación Ciudadana, Sistema Nacional de Fiscalización, Sistema de Denuncias Públicas, Integración de Salas Regionales Especializadas en materia de Responsabilidad Administrativa, Establecimiento del Catálogo de Causales para la Remoción de Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, Creación de la Fiscalía Anticorrupción con Absoluta Independencia, Modificaciones al Código Penal Federal para establecer agravantes en los casos de corrupción de gobernadores, legisladores y secretarios de Estado.
«Atendiendo la voz y el hartazgo de la sociedad civil, Acción Nacional desde hace varios años ha encabezado una lucha frontal contra la corrupción. Ha sido una larga lucha contra la resistencia del gobierno y sus partidos, el PRI y el PVEM».
El senador Pedroza insistió «hemos iniciado un cambio histórico en el Sistema Político Mexicano y una de las transformaciones más profundas para sanear la administración pública».
Las cinco leyes aprobadas son: Ley general que crea el Sistema Nacional Anticorrup-ción,
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, reformas a la Ley Orgánica de la PGR, reformas al Código Penal Federal en materia de anti-corrupción, y las que esperan como minuta de la Cámara de Diputados son: las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y reformas a la Ley de Fiscalización.
