El presidente del Comité Directivo Estatal, del PRI, Martín Juárez Córdova, destacó que el estado ha adoptado una dinámica de legalidad que le permitirá brindar a la ciudadanía esquemas de justicia más efectiva, expedita «es un logro jurídico, con el que se garantiza el debido proceso y la reparación del daño generado por la comisión de un delito».
Dijo que con la implemen-tación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, se destierran prácticas indebidas, se ahuyenta la corrupción y se hace más efectiva la impartición de justicia para los involucrados «es una reforma innovadora que necesita de la participación de todos, gobierno del estado hizo su parte, ahora toca a los demás poderes y actores públicos sumarse a estas acciones que son en beneficio de la gente de San Luis Potosí», completó.
Con este sistema los ciudadanos verán mejor atención, orientación y respeto, así como profesionalismo de los servidores públicos cuando se presenten actos que perturben o laceran su patrimonio o su persona, pues no sólo es el cambio en el esquema para la impartición de justicia, si no que se incluyen acciones de capacitación constante con lo que se garantiza que los hechos, conciliaciones o sanciones, según sea el caso, se emitan con imparcialidad donde la reparación del daño sea uno de los esquemas principales de atención.
Por su parte la Secretaría General del PRI, Sara Rocha Medina subrayó que con motivo de la reforma constitucional en materia habiendo alcanzado la implementación de la SJPA al cien por ciento el Poder Judicial con el apoyo coordinado del Poder Ejecutivo, se consolida el compromiso de un gobierno potosino garantista, es decir que impulsa y privilegia el respeto a los derechos humanos de todos, pues al generar una transición de un sistema inquisitivo a uno acusatorio, se fortalece el marco de legalidad del sistema democrático mexicano.
«La implementación del Sistema Penal Acusatorio en el Estado, generará un fuerte compromiso de las autoridades involucradas en la ejecución del mismo, pues dicha transición deberá avivar en la ciudad, un fuerte vínculo de confianza en las autoridades impartidoras de justicia, pues todos los ciudadanos que se vean involucrados en un proceso penal, dejarán de ser vistos como un objeto de investigación y serán concebidos como sujetos de derechos, coexistirá un equilibrio procesal en las partes, donde ejercerán condiciones de igualdad los derechos reconocidos en la Constitución, Tratados Internacionales y las leyes emanados de éstos.
