A iniciativa del diputado Oscar Carlos Vera Fábregat, el pleno del Congreso del Estado aprobó un punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado que revise el protocolo de actuación de la policía estatal en relación con el marco jurídico para que se hagan los ajustes correspondientes, y que evite que grupos de esta corporación se autodenominen “de inteligencia” y centren sus funciones únicamente a las que la ley les faculta y así evitar posibles violaciones al debido proceso.
Además, para exhortar al Secretario General de Gobierno que revise el marco jurídico que se considera aplicable en el Sistema de Seguridad Pública Estatal y Federal para evitar violaciones al debido proceso, pues las labores de inteligencia son exclusivas de la policía ministerial del Estado, la cual se encuentra al mando del Ministerio Público.
En el punto de acuerdo aprobado el legislador explica que en nuestro sistema de seguridad pública existen dos tipos de policías, las primeras de tipo preventivo o de reacción, este tipo de policía es la más numerosa en nuestro país y en nuestro Estado.
El segundo tipo de policía existente es el de investigación, el cual su principal función ha sido la de auxiliar al Ministerio Público en la investigación y persecución de delito, esta policía se encuentra presente a nivel federal y a nivel estatal, depende de las procuradurías y en la labor de estas recae la responsabilidad de la investigación criminal, elemento fundamental para la teoría del caso del Ministerio Público.
Agrega que los problemas originados por este grupo de “inteligencia” de la policía estatal han sido graves, pues en octubre pasado llevaron a cabo un operativo como civiles donde se capturó a una célula delincuencial, a la cual se le decomisó armas, miles de cartuchos útiles, antenas de comunicación y droga. El problema no fue que hicieran su trabajo y detuvieran a esas personas, sino que actuaron fuera de todo marco legal, pues el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio no tuvo otra opción que dejar en libertad a estos individuos calificando de ilegal la detención por no estar apegada a derecho, ya que se encontraron demasiadas inconsistencias en la misma.
