La diputada Josefina Salazar Báez presentó una iniciativa de adición al artículo 165 del Código Familiar del Estado, con la finalidad de que los Jueces de lo Familiar, puedan solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público información de las declaraciones fiscales de aquellos deudores alimentarios que en un litigio refieran la imposibilidad de comprobar ingresos, como mecanismo para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias.
En su exposición de motivos, la legisladora detalla que el Código Familiar del Estado estableció como prioritario el derecho a los alimentos sobre cualquier otra obligación del deudor alimentario, en cumplimiento del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
“Sin embargo, a pesar del espíritu de la Ley, en la práctica, los deudores alimentarios, no siempre cumplen con su obligación, afectando el pleno ejercicio del derecho a la alimentación de personas en estado de vulnerabilidad o en el caso de menores durante o tras un proceso de divorcio, atentando contra su interés superior; es por eso que hay una necesidad evidente de fortalecer las atribuciones del Poder Judicial en aras de garantizar el cumplimiento de esas obligaciones prioritarias”, manifestó en tribuna.
Señala que, por ello, es importante otorgar a la autoridad judicial competente, la capacidad de solicitar ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público las declaraciones fiscales del deudor alimentario en el caso de que éste refiera la imposibilidad de comprobar sus ingresos, o cuando exista la sospecha fundada de que oculta su real situación financiera para evitar el cumplimiento de sus obligaciones familiares.
Por otra parte, en el caso de que los deudores alimentarios objeten la imposibilidad de comprobar sus ingresos y al no contar con los elementos necesarios para fijar objetivamente el monto de la pensión, el Juez de lo Familiar lo podrá determinar tomando como base sus declaraciones fiscales mensuales o anuales.
“En esencia, esta iniciativa busca proteger a los menores y a las personas que dependen de quienes eluden el cumplir con las obligaciones familiares de manutención, que son tan necesarias para la sobrevivencia y el adecuado desarrollo integral de las personas más vulnerables de una familia”.
Esta iniciativa fue turnada para su análisis a las comisiones de Justicia; y Derechos Humanos, Equidad y Género.