Los gobiernos y los organismos responsables de elaborar estadísticas deben acabar con el temor de enfrentarse a datos delictivos, señaló Mario Palma, vicepresidente de la Junta de Gobierno del INEGI en la sesión final de la conferencia internacional especializada que el organismo organizó en la capital yucateca.
Los gobiernos deben aceptar la vedad que les brinda la estadística delictiva, aunque a veces no les guste, señaló y —previendo que sería crítico con su propio gremio— agregó que instancias de estadística, como el propio INEGI, no deben refugiarse en el pretexto de que levantar una encuesta de este tipo podría resultar peligroso o caro.
Ante expertos nacionales e internacionales, Palma comentó que puede haber riesgos, pero en muchos casos se trata del miedo no al delito, sino a medir el delito.
Recurrió a un par de anécdotas para exponer el rechazo a los datos. “Los primeros que te van a mentir son tus segundos de a bordo, así que tú eres el más interesado en saber la verdad”, relató Palma sobre lo que les dice a los fiscales mexicanos en torno a la conveniencia de hacer encuestas y estadística delictivas.
A los gobiernos a veces no les gusta saber, pero hay que convencerlos, añadió.
Recordó también que en la primera reunión con procuradores, seis de ellos se negaron abiertamente a dar datos con los que, temían, serían golpeados después públicamente. Palma indicó que se invirtió mucho tiempo en convencer a estos funcionarios. Para ello, se argumentó que la naturaleza del cargo público implica críticas, pero que es mejor que un debate tenga bases objetivas y no anecdóticas.
Palma señaló que las oficinas de estadísticas, como INEGI, deben ganar credibilidad para que sus datos sean utilizados, lo que implica garantizar que haya calidad, veracidad, en la información que entregan.
Palma, una figura central en los últimos años del INEGI, ha tenido una interacción constante con el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Relató que el propio INEGI padeció señalamientos públicos hostiles cuando tomó en sus manos la encuesta de victimización, denominada Envipe, toda vez que las organizaciones civiles que la elaboraban previamente acusaron abiertamente que se trataba de una maniobra para reducir artificialmente las cifras de criminalidad.
La encuesta de INEGI, aumentó el volumen de delitos en lugar de reducirlos, acotó, porque la organización civil hacía técnicamente mal el trabajo.
Si no tenemos encuestas de victimización, de corrupción, estamos ciegos, señaló finalmente.