SALTILLO, Coah.-La Procuraduría General de Justicia de Coahuila, (PGJE) obtuvo cinco órdenes de aprehensión por el delito de desaparición forzada en el interior del Centro Penitenciario de Piedras Negras.
El procurador General de Justicia, Homero Ramos Gloria, el sub procurador de Personas Desaparecidas, José Ángel Herrera, el sub procurador ministerial, Norberto Ontiveros, en rueda de prensa, informaron que el hecho ocurrió en diciembre del 2009 a enero del 2012, donde trasciende que en ese tiempo fueron asesinadas 150 personas.
Mediante un operativo denominado «Búsqueda en Vida», implementado en los meses de enero y febrero del 2014, se obtuvo información que en penal de dicha ciudad fronteriza existió autogobierno por parte del grupo de los Zetas.
Luego de entrevistarse con los internos, se informó por parte de uno de ellos, identificado como Ramón Burciaga Magallanes, que por órdenes de un sujeto privó de la vida a varias personas e incineró sus cuerpos.
José Ángel Herrera, subprocurador de Personas Desaparecidas, informó que las órdenes de aprehensión se obtuvieron en contra de David Alejandro Loreto Mejorado, Francisco Javier Vélez, Santiago Peralta García, Ramón Burciaga Magallanes y Manuel Elgezabal Hernández.
La orden de aprehensión es por la desaparición de 7 personas, de quienes se tiene certeza que fueron asesinadas.
La investigación sigue abierta y continúan con las pesquisas para dar con más personas reportadas como desaparecidas y que de acuerdo con los testimonios fueron trasladados el Cereso para asesinarlas.
Los internos miembros de la delincuencia organizada fabricaban ropa táctica y modificaban vehículos en carrocería y pintura.
El funcionario destacó que se realizaron 138 entrevistas y se recabaron 42 declaraciones testimoniales.
Así mismo se advierte que hay más personas involucradas, algunas de ellas se fugaron del Cereso en septiembre del 2012.
Los convictos evadidos fueron recapturados y se encuentran internos en diferentes Ceferesos del país, por lo que se pidió colaboración para recabar su declaración y en su momento ejercer la acción penal correspondiente.
José Ángel Herrera, informó que las evidencias recabadas fueron enviadas a la Policía Federal Científica, que tras su análisis se determinó que la evidencia recolectada corresponde a fragmentos óseos, que por su grado de calcinación no se puede determinar su origen.