Daniel Jacobo Marín, integrante del equipo jurídico del caso “Palula” dijo que la intención de gobierno del estado es mantener firme la construcción del confinamiento de el residuos industriales o peligrosos al municipio de Santo Domingo.
«Gobierno del estado no a accedido sigue firme su intención sobre la construcción del confinamiento de residuos industriales o peligrosos el municipio de Santo Domingo, precisamente en la comunidad de Palula, no importando que esto pone en riesgo la salud de todos sus habitantes.
La empresa que pretende construir el confinamiento presentó varios informes, entre ellos el de impacto ambiental ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales . Con esto se quiere dar a conocer que luego de un análisis a fondo se detecta-ron varias irregularidades en éste y también en el otorgamiento del permiso por parte de las autoridades municipales.
El gobierno prefiere confinar residuos provenientes de fuentes industriales y mineras, en lugar de que la Profepa o la propia Semarnat revisen o supervisen a las empresas y pueda eliminarlos, anulados in situ, señalando que sin duda el confinamiento no es la única opción de una empresa para tratar sus residuos.
Desde la academia se cree que hay antecedentes desastrosos con los confinamientos, “y en México el caso específico que tomamos como ejemplo es el de Zimapán en Hidalgo o el de Guadalcázar y Mexquitic que es muy poco conocido”.
Por parte del Colegio de San Luis se han impulsado estudios importantes con propuestas para la reformula-ción de la ley en materia ambiental, pero “dichas propuestas han tenido una respuesta nula, no ha habido un pronunciamiento de los legisladores al respecto.
El Juzgado 4º de Distrito otorgó una suspensión provisional para la construcción de dicho confinamiento, señalando que se pretende convertirlo en definitivo, reconociendo que sí se ha hecho una invitación para que los partidos políticos se pronuncien al respecto.
