Menores víctimas y victimarios en AL
“Me llevo a mis niños antes de que los maten”, dijo una madre de Tegucigalpa, Honduras, al enterarse del tercer asesinato en cuatro meses durante 2016, esta vez de un adolescente de 17 años, ejecutado con ataques de presuntos mareros o pandilleros juveniles en un colegio de secundaria en las afueras de la capital hondureña. Al igual que lo hicieron otros aterrorizados padres, madres y alumnos que denunciaron la permanente e incontrolable hostilidad de las maras, la mujer prerió sacar a sus hijos del centro escolar el pasado 26 de abril y evitar convertir a su familia en una más de las centenares que sufren por la desenfrenada violencia que hinca a ese país: 727 hombres y mujeres de 0 a 19 años fueron asesinados en 2015; en 2014 la cifra fue de 810, según el Observatorio de la Violencia de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras. De los 5 mil 158 homicidios en 2015 en ese país, 88 fueron de niñas y 482 de niños menores de 18 años, mientras que de los 5 mil 936 en 2014, 351 fueron de niñas y 83 de niñas de 0 a 17 años, puntualizó. “La niñez y juventud son los principales activos de la sociedad. En Honduras ser joven es el principal factor de riesgo para ser víctima de la violencia”, advirtió el Observatorio en un informe sobre asesinatos de menores y jóvenes de hasta 30 años —estudiantes o no— de 2010 a 2014. La crisis de inseguridad y criminalidad que azota a Honduras también se propaga a El Salvador y Guatemala, en un fenómeno en el que niños y adolescentes son víctimas, pero también victimarios y actúan como sicarios —algunos infantiles— a las órdenes de las maras o pandillas juveniles y perecen en las actividades delictivas. Estadísticas del Instituto de Medicina Legal de El Salvador mostraron que 180 hombres y mujeres de 0 a 17 años fueron asesinados en esa nación de enero a marzo de 2016 y 1 mil 226 de 0 a 19 en 2015. Datos del Instituto de Ciencias Forenses de Guatemala revelaron que, en “causas asociadas a hechos criminales”, 105 menores de 18 años fueron asesinados en ese país del primero de enero al 17 de marzo de 2016. “Nos debe avergonzar que un niño de 10, 11 o 12 años tenga acceso a armas en vez de estar en un proceso educativo”, dijo el guatemalteco Zoel Franco, coordinador de Privación de Libertad y Poder Punitivo del (no estatal) Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala. “Lejos de andar con una pistola en la cintura, tendría que cargar una pelota o con un libro bajo el brazo”, agregó. Por estar en “abandono social”, los menores son “semilla de cultivo” para el crimen organizado y las maras, afirmó. Casos emblemáticos Un estudiante de un instituto técnico en un suburbio aledaño a Tegucigalpa fue secuestrado aparentemente por bandas de mareros el lunes 25 de abril de 2016 en las afueras del centro estudiantil, por razones ignoradas, y su cadáver apareció en la mañana del día siguiente envuelto en una sábana en un baldío. Honduras militarizó este año seis centros de educación secundaria por el constante acecho de las pandillas. Al desesperado testimonio de la mujer que optó por sacar a sus hijos del colegio, el periódico La Tribuna, de Honduras, añadió el de una alumna, pero sin identificarla para proteger su identidad. “No podemos”, narró la estudiante, “seguir en un colegio donde las maras nos tienen amenazados y a cada rato matan a un compañero. Eso no es calidad de 21/5/2016 Menores víctimas y victimarios en AL educación, porque no se pueden recibir clases con tranquilidad pensando que en cualquier momento vendrán a sacar a otro compañero para matarlo”. El adolescente se convirtió en la tercera víctima mortal de ese colegio, en hechos que arrastran la marca de las pandillas o maras —Salvatrucha y 18— que existen en Honduras, Guatemala y El Salvador, conocido como el Triángulo Norte de Centroamérica. Las maras emergieron en la década de 1980 en California entre centenares de miles de salvadoreños, hondureños y guatemaltecos que emigraron a Estados Unidos para huir de guerras y violencia política que sacudió a Centroamérica a partir del decenio de 1970. Con las masivas deportaciones de migrantes centroamericanos desde EU en la década de 1990, las maras se instalaron hace más de 23 años en El Salvador, Honduras y Guatemala, Como otro símbolo de la exclusión social, ahora están aliadas a estructuras del crimen organizado transnacional con tareas de sicariato, narcomenudeo y cobros de extorsiones, en un entarimado que genera zozobra interna y alienta la migración y en el que el reclutamiento de menores edad es factor clave de supervivencia de las maras. Misión peligro Niños y adolescentes son el sicariato infantil o juvenil y tienen fama de ser atrevidos, rápidos e implacables para hacer desde pequeños robos callejeros a personas o en automóviles, vigilancias y cobro de extorsiones hasta tareas de sicariato, asesinatos, asociaciones ilícitas, secuestros o narcomenudeo. En el caso guatemalteco, niños de 10, 11 o 12 años apenas cumplidos aceptan desplegar misiones de alto riesgo al servicio de las mafias, a sabiendas de que, por ley, son inimputables. Adolescentes de 13 a menos de 18 son reclutados por la delincuencia organizada en ese país y aunque se exponen a ser condenados a seis años de cárcel como sanción penal máxima por sus actos, las redes criminales les prometen que mantendrán a sus familias mientras estén en prisión. Al explicar que las redes mafiosas, como las maras, amenazan a los menores con matar a su familia si se niegan a ir a cumplir órdenes de asesinato u otros delitos, Franco puntualizó en un factor clave de la economía criminal: un adulto no va a cobrar lo mismo que un niño por matar a una persona.