La defensa de Joaquín «El Chapo» Guzmán interpuso un nuevo juicio de amparo por su traslado del penal federal de máxima seguridad de El Altiplano en el Estado de México al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Ciudad Juárez, Chihuahua, logrando una suspensión de plano para que sus abogados se puedan entrevistar con él dentro del centro penitenciario.
La demanda de garantías, que ya fue admitida por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, permitirá a los defensores de Guzmán Loera notificar de inmediato a la Comisión Nacional de Seguridad y al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) de las suspensiones que se le concedan al capo y con ello frenar cualquier intento de extradición exprés.
La petición de amparo impugna de forma directa la presunta incomunicación a la que fue sometido Guzmán Loera durante su traslado desde el Estado de México hasta Chihuahua, así como la orden para trasladarlo y el cumplimiento de la misma que se hizo efectiva el sábado pasado, luego de un sorpresivo corte de luz que afectó al penal de El Altiplano.
La demanda de amparo fue presentada desde el pasado 7 de mayo en las oficinas y fue notificada de inmediato a las autoridades penitenciarias federales, quienes rindieron un primer informe oficial aceptando parte los hechos reclamados y garantizando que el líder del Cártel de Sinaloa ya puede tener contacto con sus abogados defensores.
En 20 días la SRE se pronunciará sobre extradición del ‘Chapo’
El Consejo de la Judicatura Federal confirmó ayer que un juez federal consideró “procedente la extradición” del narcotraficante Joaquín «Chapo” Guzmán hacia Estados Unidos. A partir de esta resolución, corresponderá únicamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores dar la autorización para que se cumpla con el traslado de Guzmán.
Son 20 días hábiles con los que cuenta la dependencia emitir su resolución respecto a si se cumplen o no los requisitos del Tratado Bilateral aplicable para la procedencia de la petición de conformidad, una vez que la cancillería emita su fallo sobre el traslado, la defensa del líder del cártel de Sinaloa puede presentar un amparo que retrasaría el proceso hasta por un año más, si es que éste se lleva hasta sus últimas consecuencias, es decir, que se impugne ante tribunales colegiados e incluso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El proceso se puso en marcha el pasado viernes, cuando un juez federal de Ciudad de México se pronunció a favor de la extradición solicitada por la corte de San Diego, California, que acusa al “Chapo” de asociación delictuosa para importar y poseer cocaína con la intención de distribuirla.
El fallo fue otorgado horas antes de que Guzmán fuera trasladado el pasado sábado de forma sorpresiva desde El Altiplano, al penal federal de Ciudad Juárez, que es considerado el peor del sistema federal, según un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El Gobierno de México insiste en que el penal es seguro, en tanto afirmó que el repentino movimiento no tiene nada que ver con el proceso de extradición, sino que obedece “estrictamente” a protocolos de seguridad y a distintas obras para reforzar la seguridad de El Altiplano, de donde el capo se fugó en julio de 2015.
Espera EU que lo trasladen a finales de año
El Gobierno de Estados Unidos prevé que el narcotraficante Joaquín “Chapo” Guzmán sea extraditado a su territorio “hacia finales de año”. Una fuente gubernamental del país del Norte, que habló a condición de anonimato, dijo: “Esperamos que sea extraditado hacia finales de año”, lo que sería relativamente rápido para un proceso de este tipo.
Por su parte, la fiscal general, Loreta Lynch, rechazó fijar una fecha para la extradición del narcotraficante, “No puedo darles una fecha o una predicción sobre cuándo se producirá”.
Lynch también rechazó comentar sobre el sorpresivo traslado del “Chapo” a una prisión de Ciudad Juárez.
El trámite para la extradición del capo responde a la solicitud hecha por la corte de California.
Aún está pendiente un pedido de extradición de Guzmán desde una corte de Texas por homicidio.
Aunque inicialmente el Gobierno mexicano se resistió a la extradición del capo, cambió de idea tras su fuga en julio de 2015 y recaptura en enero, cuando el Presidente Enrique Peña Nieto manifestó que quería extraditarlo a Estados Unidos lo antes posible.
Busca beneficios
Después de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) determine si acepta la extradición de Joaquín “Chapo” Guzmán, la defensa del capo tiene 30 días para promover un juicio de amparo y, de negarse ese amparo, un grupo colegiado de jueces debería evaluar el caso para proceder a su extradición siempre y cuando México le suspenda los cargos.
“Nosotros estamos buscando detener la extradición, es nuestro objetivo primordial” y buscaremos el juicio de amparo, dijo José Refugio, uno de los abogados del capo, quien aseguró estar “muy preocupado” de que su cliente sea deportado de forma expedita sin seguir el protocolo.
El letrado aseguró que Guzmán sólo aceptaría la extradición si alcanzara un “convenio” con el Gobierno estadounidense, declarándose culpable y colaborando con información de inteligencia a cambio de beneficios penitenciarios.
Refugio dijo que Guzmán ya tiene un abogado en Estados Unidos, William Stuttgart, pero que aún no logró concretar ninguna negociación.
Por su parte, Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la Oficina de Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA), dijo que el Gobierno estadounidense no negociaría con el “Chapo”.
Agregó que la DEA, de hecho, ya rechazó hacerlo una vez que fue contactada por el capo cuando estaba preso en Puente Grande, Jalisco, de donde se fugó en 2001.