El Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, negó el apoyo a cinco personas con discapacidad que requerían sillas de ruedas para mejorar su calidad de vida; dos de ellas sufren parálisis en el 90% de su cuerpo, por lo que los solicitantes se vieron en la necesidad de requerir ayuda en otras instancias para poder mejorar su calidad de vida.
Lo anterior fue manifestado por el Secretario de Vinculación con la Sociedad del pan, Jalil Chalita Zarur, quien dijo que las asociaciones civiles de «Frente Rural Emiliano Zapata» y «Triunfo sobre Ruedas» se acercaron con él en busca de la dotación de 5 sillas de ruedas a personas con parálisis en la mitad de su cuerpo dedicadas a la creación de artesanías, al ver que el gobierno del Estado había negado la ayuda.
«Ni siquiera los tomaron en consideración, no les importó su estado ni su incapacidad, el municipio tampoco, pues no les interesó mucho esta situación que atraviesan estas personas».
Señaló que en diversas ocasiones, el trato hacia las personas con alguna capacidad distinta es «despiadado», por lo que al considerarse este tipo de situaciones, la secretaría de vinculación con la sociedad no escatima en el alcance que tuviera el apoyo brindado a través de esa institución política por lo que brindó las sillas de ruedas solicitadas.
Dio a conocer que dos de las personas que habían sido desplazadas por el Gobierno del Estado y, que no obtuvieron la ayuda solicitada, trabajan en la elaboración de pulseras utilizando únicamente sus dientes para la fabricación de las mismas, ya que es la única actividad en la que pueden desempeñarse en la actualidad y poder obtener un ingreso extra para el apoyo a sus familias sobre el tratamiento que requiere su enfermedad.
Conapred pide evitar esas medidas contra étnias
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación , solicitó la colaboración del secretario general de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, Alejandro Leal Tovías, para que se tomaran diversas medidas, debido a que, conforme a la información obtenida por diversos medios de comunicación, no se consultó a las personas y/o pueblos indígenas en la realización del Plan Estatal de Desarrollo, lo cual pudiera constituir un presunto acto de discriminación.
Entre las medidas solicitadas por el Consejo, se encuentran el que cuando se lleven a cabo procesos para la toma de decisiones de cualquier índole (a través de programas, normas y/o políticas de Estado), se garantice el derecho a la consulta de las personas y/o pueblos indígenas, para lo cual se eliminen aquellos requisitos innecesarios que pudieran propiciar prácticas discrimina-torias, como pudiera ser el que se les requiera un certificado de autenticidad de sangre indígena y se establezcan de forma conjunta las políticas necesarias para garantizar la vigencia de sus derechos, tal como lo mandata el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tratarse de una autoridad de carácter local, se remitirá el caso a la CEDH de San Luis Potosí, para que en ámbito de sus atribuciones conozca del fondo del asunto.
Debido a la disposición normativa de los artículos 13 y 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el Conapred mantendrá la información en reserva, sin poder formular opinión pública al respecto, hasta el cierre del procedimiento.