Luego de un largo litigio que data del año 2005, el Gobierno del Estado a través de la Promotora del Estado, resolvió un conflicto por un terreno de más de 6 hectáreas, donde se encuentra el asentamiento humano denominado “Colonia Margarita Moran Veliz”, con lo que en breve comenzará un programa de regulación de la tenencia de la tierra, que dará certeza jurídica a cerca de 500 familias que habitan en esta zona.
Con ello se resuelve un problema legal con un juez federal y se evita un grave problema social, que tiene más de 10 años, pero sobre todo se podrá otorgar una vivienda a familias que lo necesitan, que no sólo son de un grupo social determinado como Antorcha, dijo el secretario General de Gobierno Alejandro Leal Tovías.
Informó que luego de que un juez federal ordenó al Gobierno del Estado diera el apoyo necesario, incluyendo el desalojo, para poner en posesión del predio a su legítimo propietario (Inmobiliaria Floypo, S.A. de C.V.), la Promotora adquirió con una superficie de 64,272 m2 con un precio sobre el valor catastral proporcionado por el Municipio, que fue de 33.5 millones de pesos, muy por debajo del valor real del terreno de 66 millones de pesos.
Leal Tovías indicó que después de negociar con el propietario, se logró que el predio sea pagado en una parte por las familias que lo habitan y la otra la cubrirá el gobierno estatal en un año y medio en varios pagos durante el 2016 y hasta el 2017.
Explicó que después de diversos intentos de las anteriores administraciones por poner en posesión del terreno al legítimo propietario, el actual Gobierno del Estado determinó trabajar en un programa de regularización, por los riesgos que implicaba el desalojo para la integridad de las familias que ahí habitan, y el conflicto social que traería en consecuencia, por lo que se acordó, para dar cumplimiento al mandato legal, la vía de la restitución económica.
Detalló que esta superficie denominada «Las Palmas», fue ocupada antes del 2005 por diversas familias, incluyendo integrantes de Antorcha, pero no sólo de este grupo en particular, por lo que se resolverá un problema social de vivienda
El funcionario estatal comentó que no es solo cuestión de voluntad, sino que responde a un imperativo de ley que opera claramente en un caso donde se tendría que desalojar a casi 500 familias, con mujeres y niños.
Finalmente, el Secretario General de Gobierno dijo que con la escrituración del predio la administración estatal obtendrá recursos por casi 8 millones de pesos que usará para el pago del mismo, para lo cual los habitantes ya aportaron cerca de 3 o 4 millones de pesos.
