Durante la instalación del Consejo Asesor Honorífico de la Defensoría Pública del Estado, el titular del Ejecutivo estatal, Juan Manuel Carreras López, expresó que existe la plena convicción de su administración de integrar más a la sociedad a las acciones de gobierno, pues ello permite tener instituciones públicas más cercanas a la población y certeras en sus políticas, “por lo que la integración de este consejo asesor obedece a una voluntad política expresa desde mi toma de protesta”.
El Consejo Asesor Honorífico de la Defensoría Pública del Estado quedó integrado por 5 miembros de la abogacía, con gran prestigio y honradez: María del Rosario Anaya Castillo de la asociación civil Vuelo de Pájaro, A.C.; los licenciados en Derecho de la UASLP, Elsa Loustaunau Treviño, Domingo Badillo Rodríguez y Rafael S. Munguía Francisco, así como Vicente Rosas Serrano, licenciado en Derecho por la Universidad Mesoamericana.
Carreras López destacó que la instalación de este consejo asesor obedece fundamentalmente al cumplimiento de lo que establece la Ley de Defensoría Pública del Estado que contempla su creación como un órgano de consulta que contribuya a dar respuesta a todos los retos que plantea la procuración de justicia.
“En San Luis Potosí queremos, deseamos y nos estamos esforzando porque con la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, nos acerque a la correcta impartición de justicia cuando se presente un tema de carácter penal”, puntualizó.
«Por ello, la importancia de permitirnos contar con este consejo para poder acompañar este proceso que tendrá sus primeros cinco años de vida durante mi administración», señaló.
Sostuvo que la institución de la Defensoría Pública del Estado no es un tema menor y marginal en la procuración de justicia, sino que nace precisamente para evitar que los derechos humanos de las personas sean vulnerados cuando se enfrenten a un proceso judicial.
Asimismo, dijo que forma parte de este esquema de defensoría de los derechos humanos de las personas junto con la CEDH y diversas organizaciones de la sociedad civil, «para prever que se haga justicia, y que sea conforme al Estado de Derecho”.
Indicó que la Defensoría Pública del Estado toma un papel de gran relevancia ya que tiene a su cargo la defensa de muchas personas frente a un proceso judicial, por lo que “necesitamos que no solamente estén capacitados para la implementación del Sistema de Justicia Penal, sino para acompañar debidamente el fortalecimiento del Estado de Derecho que prevé en su marco normativo la defensa de la dignidad y el respeto de los derechos humanos de todas las personas que están sujetas a un proceso judicial”.
Agradeció a los miembros del consejo asesor de la Defensoría Pública del Estado, que estén dando este paso de sumarse al esfuerzo que realiza el gobierno estatal a través de esta institución, “ya que será un espacio para plantear las ideas y reconocer las fallas para evitar que se presenten en un futuro”.
Los integrantes de este consejo apoyarán en la elaboración de los lineamientos y políticas generales para el mejor desempeño de las tareas sustantivas de la Defensoría Pública del Estado, así como con propuestas de reforma al marco normativo que rige la función de esta dependencia.
