Combate a la corrupción: Un tema para largo. Discursos vehementes, alejados de la realidad

Una de las grandes banderas de todos los partidos y candidatos es el combate a la corrupción, flagelo que desde hace años azota cruelmente a nuestro país y se presenta cotidianamente en diversas manifestaciones, sin excepción se pronuncian vehementemente afirmando intolerancia y estricto apego a la legalidad llegado el caso, actuando con firmeza, sin consideración alguna en contra de quien cometa actos de corrupción.
Sin embargo, en los hechos cada día estamos en peores condiciones, pese a algunos reconocidos esfuerzos para avanzar en la lucha en contra de esta nociva práctica, que valga decir, ha estado presente en la historia nacional permanentemente, pero nunca como ahora. Eso fue motivo para largas reflexiones, alusiones análisis y largos estudios, principalmente sobre sus causas, diagnósticos y efectos, arribando a conclusiones específicas para su eficaz combate.
El punto de partida de este fenómeno se localiza asociado al ejercicio del poder, prácticamente en todas sus manifestaciones y órdenes de gobierno, incluyendo tanto al sector público como privado, con elementos multifacéticos que se desprenden de características plurifactoriales.
Ahora bien, la generalidad de estas prácticas entran al ámbito de la debilidad institucional y de la seguridad nacional, independientemente de cuestiones de diversa índole vinculadas con una legalidad absurda y defectuosa, la procuración e impartición de justicia viciada y, otras asociadas al deterioro económico, la pobreza y la inadecuada distribución de la riqueza, lo que impide que la sociedad viva en armonía con la ley, y el servidor público inescrupuloso se aproveche de la fragilidad del ciudadano o bien tome ventaja de su posición en relación a los bienes públicos.
En ese diagnóstico con el objetivo de abordar adecuadamente el combate a este problema se establecieron dos premisas: la primera, que debía de surgir de la voluntad política del Estado, mediante el esfuerzo plural y común de todos los participantes; la segunda, consiste en que las diversas acciones a seguir deben ser parte de una estrategia integral para dotar de eficacia los objetivos a perseguir.
No obstante, aunque se dieron los primeros pasos con la reforma constitucional, mediante la cual se crea un ente de coordinación denominado Sistema Nacional Anticorrupción, en la práctica todo sigue igual, no se ven resultados, más bien se observan resistencias, regresiones y complicidades institucionales, por lo visto el tema se ha reducido al manejo conveniente de alargar los tiempos, otra vez a escuchar la vehemencia de piezas oratorias muy lejanas de la realidad.