La asociación “Ombligo Verde” exigió al alcalde de Cancún, Paul Carrillo, esclarecer públicamente el estatus legal de los predios que conforman las 5.4 hectáreas donadas por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) al ayuntamiento en 2007 para habilitar un Parque Urbano en “Malecón Tajamar”, y que presuntamente fueron vendidas o enajenadas durante la presente administración.
“Paul Carrillo está obligado a dar las explicaciones que no ha querido dar, porque de lo contrario, con su silencio confirma que es cómplice de un monstruoso fraude, de un despojo a los cancunenses. Esos terrenos deben estar valuados en más de mil millones de pesos”, expresó el presidente de ‘Ombligo Verde’, Tulio Arroyo Marroquín.
Los tres predios además fueron desmontados con autorización de la Dirección de Ecología, a cargo de Felipe Villanueva, el 16 y 17 de enero de este año, pese a que son terrenos públicos. Cuatro días antes del desmonte, el Fonatur solicitó a Ecología municipal otorgar los permisos correspondientes, alegando que las clausulas y obligaciones impuestas en las autorizaciones que les otorgó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en julio de 2005 y 2008, quedaban sin efecto, de acuerdo con Villanueva.
Para esos predios, ubicados como los lotes 1, 2 y 10, de la Manzana 9, Supermanzana 6, el Instituto Municipal de Planeación (Implan) de Cancún diseñó un proyecto de Parque Urbano con Concha Acústica, de acuerdo con declaraciones hechas por la entonces directora del instituto, Santhy Montemayor, quien aseguró que los usos de suelo originales para Área Verde y Equipamiento se respetaron, sin modificarse.
La entonces funcionaria, quien figura como aspirante a una diputación por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), garantizó –en febrero pasado que los predios son públicos y propiedad de los benitojuarenses.
El presidente de “Ombligo Verde”, Tulio Arroyo Marroquín, afirmó que el primero que debe ofrecer su renuncia o a quien Carrillo de Cáceres tendría que despedir, es al sindico del ayuntamiento de Benito Juárez, Guillermo Brahms, quien como representante legal de la comuna, debió no sólo estar enterado de los movimientos hechos con los tres predios –fusionados en uno sino también autorizado su presunta enajenación.
El mes pasado el sindico declaró que se abriría una investigación al interior de la Dirección de Ecología, para fincar responsabilidades a quienes autorizaron el desmonte de terrenos que –dijo seguían siendo públicos. El funcionario abrió la posibilidad de fincar responsabilidades e incluso, destituir al director de Ecología.
De acuerdo con datos obtenidos del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, por el grupo “Salvemos Manglar Tajamar”, los terrenos fueron embargados por la empresa “Grupo Carretero”, por poco más de 600 millones de pesos; dicho embargo fue cancelado en febrero de 2013 y a finales del año pasado, figuran con un traslativo de dominio, lo que implica que muy probablemente fueron vendidos.
Hasta el momento, tanto el munícipe como el edil han guardado silencio sobre la situación de esos predios. En 2010 “Ombligo Verde” impidió que el entonces alcalde, Gregorio Sánchez, enajenara los predios, pues pretendía venderlos para pagar la deuda municipal. Durante su mandato, “Greg” sacó una convocatoria para subastar los predios en 244 millones 391 908 pesos e incluso organizó una consulta pública en la que se acarreó a gente para votar “a favor” de la venta de los lotes. “Ombligo Verde” se amparó contra la maniobra del ex edil y un Tribunal le concedió la razón, dejando sin efecto la enajenación de los tres lotes; el cambio de dominio de público a privado y las gestiones para modificar el uso de suelo, no se combatieron en el amparo. Sánchez Martínez se registró ayer como candidato a presidente municipal por el Partido Encuentro Social (PES).
“Aunque prevalezca el dominio privado, no se pueden enajenar los predios, ni venderlos. Debe de haber una serie de irregularidades espantosas; la primera, la complicidad del sindico y de Paul Carrillo, porque ellos debieron haber estado al tanto de la situación y se quedaron callados. “Y claro que se quedaron callados porque el valor de esos predios es altísimo.
Son 5.4 hectáreas que valen hoy, casi mil millones de pesos; valen un tercio del presupuesto actual de Cancún. Son 54 mil metros cuadrados; multiplica por mil dólares cada metro y te dan 54 millones de dólares. De ese tamaño es el negocio. El silencio que ha guardado Carrillo, lo acaba”, subrayó.
Denuncian a delegada de Profepa Por separado, la representante de “Guardianes del Manglar Cancún”, Katherine Ender Córdova, anunció hoy que entregó evidencias al Órgano Interno de Control de la Semarnat y de la Profepa, para fundamentar la petición hecha en febrero pasado, de que se destituya a la delegada de la Procuraduría en Quintana Roo, Carolina García Cañón, por omisiones.
En conferencia de prensa, la activista resaltó que la funcionaria no ha dado ninguna respuesta a las miles de denuncias que se han interpuesto ante ella, por el tema de Malecón Tajamar.
Informó que la Procuraduría General de la República (PGR), le respondió que la autoridad conducente para solicitarle el aseguramiento de los lotes dentro del polígono, es la Profepa, no los particulares. “Dicen que no me corresponde a mí, pero no que no se pueda ejecutar; entonces señalan en su escrito que es Profepa la que debe hacerles la solicitud.
“Entre la documentación que presentamos ayer, le pedimos al órgano interno de control que ordene a la Profepa, solicitarle a la PGR el aseguramiento de los lotes”, detalló.
Ender Córdova manifestó que desde marzo pasado la Profepa debió haber clausurado el polígono y que pese a que todas las denuncias ciudadanas y todas las irregularidades han sido cometidas por el Fonatur, sólo se ha procedido en contra de Bi&Di, por la devastación de manglares a finales de julio pasado.
“Fonatur es el que violó las condicionantes. Fonatur es el que entró a devastar aquí. Fonatur incumplió el rescate de fauna; Fonatur rellenó los terrenos, cuando eso les fue prohibido en la autorización de cambio de uso de suelo; agarraron parejo a desmontar y eso no podían hacerlo. En fin, son muchas las irregularidades y no hay una sola acción en contra de Fonatur. Es evidente que Profepa los está encubriendo”, declaró.