La Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), consideró que en San Luis Potosí existe voluntad y compromiso para frenar la violencia contra las mujeres y proteger sus derechos humanos, aseguró en entrevista David Ricardo Uribe González, director general adjunto de Asuntos Jurídicos de la Comisión.
El funcionario federal dijo que la voluntad mostrada por las autoridades estatales es muy relevante, ya que existen muchas tareas por realizar y retos en materia de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, por lo que informó al Gobierno del Estado de las acciones que deben ser implementadas para enfrentar las situaciones de violencia contra las mujeres y niñas.
El secretario General de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, en su carácter de Presidente del Sistema Estatal para la Prevención Atención Sanción y Erradicación de la Violencia en Contra de las Mujeres, recibió el documento y refrendó la disposición de la administración estatal para trabajar coordinadamente con los gobiernos federal y municipales, así como los poderes Legislativo y Judicial, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y las organizaciones de la sociedad civil a favor de las mujeres.
El funcionario estatal indicó que San Luis Potosí se ubica entre los 7 estados del país con menor cantidad de feminicidios; sin embargo “la instrucción del Gobernador Juan Manuel Carreras López, es mejorar las políticas públicas que tenemos a favor de los derechos de las mujeres, porque con un solo hecho que atente contra este sector, el Estado ahí estará atendiendo su responsabilidad, porque las mujeres, son uno de los principales pilares que tiene la entidad”.
Por su parte, Uribe González resaltó la disposición del gobernador Juan Manuel Carreras López, pues desde el principio, antes de que se solicitara la alerta, su intención fue fortalecer la política de género en el estado y buscó por diversos medios este procedimiento, “no hay planteamiento alguno que en otro estado se haya intentado hacerlo de la misma manera; es un factor fundamental porque implica una voluntad de atender la problemática y diseñar políticas en consecuencia”.
Indicó que las políticas en la materia en nuestra entidad requieren de fortalecimiento, “tienen muchos retos, que tienen que ser adecuados a las dinámicas que se vayan detectando”.
El funcionario federal explicó que la administración estatal tendrá 15 días hábiles para aceptar o rechazar las propuestas del grupo de trabajo, y en caso de aceptarlas, en seis meses el Estado deberá rendir un informe a la Secretaría de Gobernación, mismo que será analizado y a partir de las acciones que haya emprendido se emitirá un dictamen que será notificado a la SEGOB, quien determinará -de acuerdo al cumplimiento- si procede o no una declaratoria formal de alerta de violencia de género.
Por su parte, la directora del Instituto de las Mujeres del Estado, Erika Velázquez Gutiérrez, dijo que el documento incluye acciones “en las cuales se está trabajando, lo que viene a reforzar las políticas públicas que hemos implementado, por lo que serán 6 meses a partir de que se acepte el documento, para que la administración cumpla con estas propuestas, que lo que buscan es mejorar en todos los sentidos la atención hacia las mujeres”.
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jorge Vega Arrollo, resaltó que este es un informe, y no una alerta de género, y destacó que el Gobierno del Estado se adhirió desde el principio, lo que habla de la atención de esta administración a su política de género.
“San Luis Potosí estadísticamente se ubica entre las 7 entidades donde se comenten menos feminicidios, por lo que destacamos que el gobierno tomó parte para hacer acciones positivas para atender esta problemática, en materia de acceso a la justicia, pero también de prevención sobre la violencia hacia las mujeres,” agregó.
Finalmente, dijo que la CEDH se suma con plena disposición a colaborar con el Gobierno del Estado, sumado al trabajo y participación de la ciudadanía y asociaciones civiles, ya que –aseguró- los nuevos gobiernos deben buscar y atender este tema de participación de la sociedad como derecho humano.