Jalil Chalita Zarur, el director de Vinculación con la Sociedad del Comité Directivo Estatal del Pan , señaló que es alarmante el problema de la niñez migrante, por lo que es necesario que las instituciones del Estado colaboren en el ámbito de sus competencias constitucionales, para proteger los derechos y la integridad de este grupo de la población.
Al inaugurar el Foro “Los Derechos de la Infancia Potosina”, el director de Vinculación con la Sociedad del Comité Directivo Estatal del Pan, indicó que la situación “de vulnerabilidad y carencias de los más pequeños de nuestra sociedad, nos exige actuar con urgencia”.
Recordó que en el último informe sobre la Situación de la Infancia en México de UNICEF 2015, se dio a conocer que de 21.2 millones de niños, niñas adolescentes, es decir el 53.8 por ciento de la población menor de 18 años padece pobreza y 4.7 millones viven en pobreza extrema.
San Luis Potosí, agregó, requiere que sus autoridades emitan resoluciones que fomenten que los niños y niñas “crean cada vez más en sus instituciones”.
Asimismo, se necesita que los jueces emitan sentencias basadas en los principios de igualdad y de democracia; en las que se valore la diversidad, donde se garanticen los derechos humanos de los niños y niñas que padecen alguna forma de violencia o sufren alguna forma de discriminación.
Chalita Zarur mencionó que aunque el tema de la crisis humanitaria de los niños migrantes sin compañía ganó espacios en los medios de comunicación en los últimos tres años, el problema no es nuevo. “Siempre ha existido, pero la violencia de otros delitos ocultaba el fenómeno”,
“Desde principios de la década de los ochenta se sabía del fenómeno de niños migrantes enfermos, ampu-tados que sufrían accidentes y que padecían todo tipo de abusos
Pero era una parte del problema migratorio que no se tocaba”, aseguró.
Por esta situación, Jalil Chalita Zarur instó al gobierno federal a poner en marcha acciones urgentes para la atención y protección a niñas y niños migrantes, así como para hacer valer el interés superior de los menores y velar por sus derechos humanos en su paso por nuestro territorio.
Exhortó, además, a la Secretaría de Desarrollo Social a impulsar programas y coordinar acciones con el mismo propósito.
Condenó, asimismo, que hasta ahora la respuesta por parte del Estado mexicano frente a la migración de niñas, niños y adolescentes no acompañados es frecuentemente su criminalización a través de la imposición de medidas como la detención migratoria.
«En el actual contexto de violencia generalizada en la frontera norte de México, los niños, niñas y adolescentes suelen ser utilizados por la delincuencia organizada para realizar actividades relacionadas con el tráfico de personas o el trasiego de drogas”.
En este sentido, “preocupa que la respuesta por parte de los Estados frente a estas situaciones sea la criminalización de estos niños a través de la imposición de medidas privativas de la libertad personal», concluyó.