Diputados locales presentaron una iniciativa para reformar los artículos 98 y 118 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de crear la Comisión Contra la Trata de Personas.
Con el afán de redoblar y coordinar esfuerzos para combatir de manera responsable la comisión de trata de personas, y tener la sensibilidad del Congreso de la Unión, que al inicio de la Legislatura aprobó la correspondiente comisión ordinaria, es que se considera trascendental atender el exhorto del Senado de la República e incluir en nuestra Ley Orgánica a la Comisión Permanente “Contra la Trata de Personas”, según se señala en la iniciativa presentada.
Se agrega que esta Comisión Contra la Trata de Personas tendría las facultades siguientes: I.-La implementación de acciones para la prevención, protección, atención y asistencia a las víctimas y ofendidos por la Trata de Personas en el Estado.
II.- El establecimiento de mecanismos efectivos para el ejercicio pleno de los derechos sexuales de las personas en el Estado, así como el libre desarrollo de niñas, niños y adolescentes, cuando sean amenazados o lesionados por la Trata de Personas. III.- Realizar propuestas al Congreso de la Unión respecto de reformas, adiciones y derogación de legislación en materia federal, toda vez que ello constituye materia exclusiva de dicho Congreso, conforme a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. IV.- Ejecutar acciones de difusión y posicionamiento del tema, en alianza con las diferentes dependencias de Gobierno involucradas. V.-Dar seguimiento al Programa Estatal para la Prevención, Atención y Erradicación de la Trata de Personas en el Estado.
VI.-Los análogos a los anteriores que, a juicio del Presidente de la Directiva en los periodos ordinarios, o del Presidente de la Diputación Permanente en los recesos del Congreso, sean materia del análisis de esta comisión; entre otros preceptos. En la iniciativa presentada se señala que la trata de personas constituye una barrera al desarrollo económico y social de cualquier Estado, y una prioridad en materia de seguridad y salud pública.
