Mejorar el proceso de
certificación educati
va por parte de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, es el fin de la iniciativa presentada por el diputado Fernando Chávez Méndez para reformar el artículo 87 de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí.
Con ella, se busca que la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, por acuerdo de su titular, este obligado a expedir certificados, constancias, diplomas o títulos a quienes acrediten conocimientos parciales o terminales que correspondan a cierto nivel educativo o grado escolar, adquiridos en forma autodidacta, de la experiencia laboral o a través de otros procesos educativos; así como el procedimiento que deberá seguir la autoridad para el otorgamiento de la certificación a otras instituciones educativas.
En su exposición de motivos, el legislador manifiesta el gran rezago que existe en la atención media superior y superior, con respecto a quienes dejan inconclusos sus estudios, y se desatiende el problema de los denominados “pasantes”.
Agrega que en San Luis Potosí alrededor de 596 mil personas constituyen el rezago educativo del nivel medio superior de las cuales se estima que 300 mil son certificables. En el nivel superior, existen aproximadamente 331 mil personas con rezago educativo en el estado de San Luis Potosí de las cuales 150 mil podrían ser certificables.
“El rezago educativo en los niveles medio superior y superior crece anualmente. No obstante que la Secretaria de Educación Pública debería de atender el rezago educativo en los niveles medio superior y superior lo hace deficientemente, la Dirección General de Acreditación Incorporación y Revalidación (DGAIR) a través del Acuerdo Secretarial 286 ha monopolizado la certificación de nivel medio superior en alianza con CENEVAL del que es socio, la población atendida no es suficiente para abatir el crecimiento del rezago en este nivel”, indica.
Así, se propone que el proceso de certificación se realice a través de 5 etapas, iniciando con el registro de interesados ante la instancia certificadora; la preparación para el examen por parte de los interesados de forma autodidacta o en Centros de Acompañamiento; la evaluación de conocimientos por la instancia evaluadora, que deberá ser una institución de educación superior que cuente con reconocimiento de validez oficial de estudios del Gobierno del Estado, la SEGE, con una antigüedad mayor a 20 años de servicio educativo continuo en el Estado, con experiencia comprobable en el área de certificación y haber titulado en sus diferentes programas de educación superior a más de 2 000 egresados; y certificación del evaluado por parte de la instancia certificadora.
