Derivado de las labores de investigación e inteligencia realizadas por la Procuraduría General de Justicia capitalina, se logró la captura y consignación de Luis Alejandro Martínez Cano como probable responsable del secuestro de su secretaria el 11 de diciembre de 2014.
El 16 de marzo pasado, la Fiscalía Especial de Investigación para la Atención del Delito de Secuestro, Fuerza Antisecuestro (FAS), pudo localizar al imputado, quien se hizo pasar como Fernando Martínez Cano, por una falta administrativa.
No obstante, el resultado de la confronta biométrica preliminar determinó que se trataba de Luis Alejandro Martínez por lo que, mediante un oficio de colaboración, personal de la FAS se trasladó al Estado de Morelos.
Donde una vez que fue determinada la situación jurídica administrativa del implicado, se dio cumplimiento a la orden de detención girada en su contra y se le trasladó a la Ciudad de México.
De acuerdo con los antecedentes del caso, el día en el que ocurrieron los hechos, familiares de la víctima reportaron su desaparición ante el Ministerio Público de la PGJ capitalina, donde se activó el protocolo de atención a víctimas del delito.
Posteriormente, el inculpado se comunicó con los familiares, a quienes les notificó que unos secuestradores lo habían contactado para pedir rescate por su empleada, habiéndoles detallado que él haría las funciones de negociador.
Luis Alejandro Martínez informaba a los familiares de la mujer cuáles eran las pretensiones de los captores, sin proporcionar pruebas de vida.
Más adelante, el 16 de diciembre de ese mismo año, se realizó el pago del rescate sin que ella fuera liberada.
Al realizar las labores de investigación y de campo, en enero de 2015 la dependencia encontró el cuerpo de la secretaria en su centro de trabajo, ubicado en Avenida San Lorenzo, colonia Paraje San Juan, delegación Iztapalapa.
Los dictámenes periciales determinaron que el tiempo de deceso era de entre 40 y 42 días previos al hallazgo, y confirmaron que la afectada permaneció en cautiverio por lo menos seis días.
A su vez, la plataforma tecnológica de la FAS permitió conocer el comportamiento telefónico del probable agresor, quien utilizó el celular de su víctima desde la fecha en que fue privada de su libertad para llamar a los familiares y comunicarles los avances de la supuesta negociación, lo que determinó tecnológicamente su intervención en el secuestro.
Otro elemento de prueba es la declaración del imputado, quien aceptó su participación en el ilícito junto con otros copartícipes, y agregó que el propósito siempre fue el de privar de la vida a su empleada ya que uno de sus cómplices tenía conflictos con un familiar de ésta.
Sin embargo, una vez que la mantuvieron cautiva, aprovecharon para obtener beneficios económicos y evadir la acción de la justicia, con el conocimiento de que la ofendida no sería liberada.
Tras haber sido recabadas las pruebas, el Ministerio Público determinó el ejercicio de la acción penal contra el acusado, quien fue puesto a disposición del juez penal en turno por el delito de secuestro agravado, ilícito por el que podría hacerse acreedor de una pena que va de los 80 a 140 años de prisión. A su vez, el inmueble donde se cometió el delito fue propuesto para extinción de dominio.
El presentado tiene el carácter de probable responsable, lo que no implica una sanción penal en su contra hasta que lo determine la autoridad jurisdiccional.