Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han alcanzado este viernes un acuerdo con el primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, para deportar a Turquía a todos los migrantes y refugiados, incluidos los sirios, que lleguen a Grecia a partir de este domingo, 20 de marzo.
«Se ha aprobado el acuerdo con Turquía, todos los inmigrantes irregulares que lleguen a Grecia desde Turquía a partir del 20.03», ha anunciado a través de las redes sociales el primer ministro de República Checa, Bohuslav Sobotka.
Fuentes europeas informan de que el pacto asegura un «trato individual» de cada demanda de asilo presentada en territorio heleno y una referencia «expresa» a que no habrá ni «expulsiones colectivas», ni devoluciones en caliente, según han informado a Europa Press fuentes europeas.
Los dirigentes europeos ya habían advertido de que el acuerdo no sería retroactivo. Es decir, los migrantes y refugiados que lleguen a suelo griego hasta el domingo, no entrarán dentro del plan de devoluciones a Turquía. Las personas que alcancen Grecia a partir de la medianoche del 20 de marzo serán objeto de deportación.
Por su parte, la Unión Europea pondrá en marcha un plan para trasladar a suelo comunitario a tantos refugiados sirios desde Turquía como tantos migrantes sean deportados. Pero con un límite. Los Estados miembros prevén realojar a un máximo de 72.000 sirios, por lo que el texto advierte de que si se excede ese techo, entonces el sistema «uno por uno» será «suspendido».
El objetivo es presionar a Turquía para asegurar que refuerza el control de su frontera y contiene el paso de migrantes hasta reducirlo «a cero o casi cero», según admiten funcionarios europeos a Europa Press. La cifra de reasentados desde Turquía comprometida por la UE es muy reducida en relación al número de migrantes que han llegado a Europa recientemente. En 2015, un millón de personas alcanzaron suelo comunitario por vía marítima. En los primeros meses de este año, más de 100.000 migrantes y refugiados.
Después de anunciar el preacuerdo el pasado 7 de marzo, las críticas sobre la irregularidad de los planes comunitarios empujaron a Bruselas a encontrar una base legal que amparase su intención. Este jueves, los jefes de Estado maquillaron el acuerdo inicial añadiendo referencias a la individualización de la expulsión. Esto significa que las devoluciones no serán colectivas, es decir, permitirán a cada migrante registrar su solicitud de asilo.
La clave reside en la intención de calificar a Turquía como país seguro. Sin embargo, por el momento el Estado turco no cumple los requisitos estipulados en la legislación internacional y previsiblemente la UE tendría que exigir una serie de cambios en la normativa turca sobre refugiados. Si esto se produjese, Grecia desestimaría de forma sistemática la mayoría de solicitudes de asilo al entender que, como han pasado por un «tercer estado seguro», pueden recibir protección allí.