El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) tendrá la obligación de integrar una lista negra de partidos políticos, fideicomisos, funcionarios, empresas privadas e instituciones públicas que utilicen, sin permiso, datos personales de los ciudadanos. Por ello serían sujetos de una multa de hasta 109 mil 500 pesos.
El proyecto de dictamen de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que hicieron público las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos Primera del Senado, indica que el incumplimiento por parte de los sujetos obligados será difundido en los portales de obligaciones de transparencia del INAI y los organismos garantes locales, los que deberán considerar esas faltas en todas las evaluaciones. El documento, que la presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado, Cristina Díaz, hizo público y entregó a los integrantes de las comisiones que procesan ese tema, precisa que ante incumplimientos por parte de los partidos políticos, darán vista al INE o a los organismos públicos locales electorales de las entidades federativas competentes para que resuelvan lo conducente, sin perjuicio de las sanciones establecidas para los partidos en las leyes aplicables.
El proyecto precisa que en el titular de los datos personales o su representante legal podrá solicitar al responsable del uso de esos datos el acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de los datos personales que le conciernen.
El ejercicio de cualquiera de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición no es requisito previo ni impide el ejercicio de otro derecho.
Aclara que el encargado de usar datos personales deberá realizar las actividades de tratamiento de éstos sin ostentar poder alguno de decisión sobre el alcance o contenido de los mismos, así como limitar sus actuaciones a los términos fijados por el responsable.
Tarea legislativa
El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, destacó la importancia de crear un grupo de trabajo en el legislativo con el objetivo de fortalecer los instrumentos legales acerca de transparencia y combate a la corrupción.
De tal manera, dijo, lo propone la Junta de Coordinación Política, lo cual ya fue avalado por el Pleno.
IGLESIA RESPALDA INICIATIVA
Luego de afirmar que México es uno de los países más corruptos, la Comisión Episcopal para la Pastoral Social manifestó su apoyo a la iniciativa 3 de 3, que busca erradicar y castigar la corrupción.
En el editorial del suplemento Eco Semanal, que forma parte del semanario católico Desde la fe, órgano de información de la Arquidiócesis de México, se afirmó que la corrupción es un mal lacerante y secular en la sociedad.
