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    Páginas electrónicas de entidades públicas deberán estar a nombre de las instituciones

    By on 13 marzo, 2016

     

    Con el objetivo de forta
    lecer la transparencia,
    imagen institucional y facilitar los trámites para el mantenimiento  de las páginas electrónicas de todas las entidades públicas, aún en el  caso de la  renovación  de sus integrantes, la diputada Josefina Salazar Báez presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí.
    Además con la finalidad de establecer que para el caso de las páginas electrónicas de todas las entidades públicas el registro de dominio en internet se haga a nombre de la institución  pública  vinculada  a dicha página  a través  del representante  legal debidamente acreditado para ello.
    Lo anterior para que en caso de que aun cuando es un particular el que lleva a cabo los trámites de registro de dominio de una institución en ningún caso los derechos sobre los mismos le pertenezcan a él,  por lo que si pierde el carácter legal que ostentaba al momento de llevarlos a cabo eso no afecte la propiedad de los mismos que en todo momento serán siempre de la institución.
    Desde  otro punto  de vista, esta iniciativa  ahorrará  muchos  problemas  a los órganos  de gobierno que en muchas ocasiones no localizan a las personas que administran los dominios y que no debemos olvidar, son un medio para cumplir con la publicación de la información pública y hacer efectivo el derecho a la información de la ciudadanía.
    En la iniciativa presentada se señala que en estos tiempos en que la identidad institucional es tan importante, además de que es fundamental prevenir la comisión de delitos cibernéticos, como la suplantación de identidad o el hackeo de páginas gubernamentales,  es muy importante proveer de certeza jurídica a la propiedad de los dominios de los entes públicos en internet.
    La iniciativa de Salazar Báez se turnó a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado para su análisis correspondiente.

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