Petróleos Mexicanos (Pemex), Sedesol, Sagarpa, Diconsa, Fovissste y las universidades autónomas de los estados de México, Morelos y del Carmen figuran entre los protagonistas de las denominadas auditorías forenses de la Cuenta Anual 2014, entregada a la Cámara de Diputados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Se trata de casos que podrían derivar en acusaciones penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) en caso de no cubrirse los faltantes que el órgano fiscalizador expone en el documento y que, según cálculos de su titular, Juan Manuel Portal, podrían sumar daños al erario por 60 mil millones de pesos. Sin precisar qué entidades y qué funcionarios podrían ser los sujetos a las potenciales investigacones de la PGR, la ASF entregó a los diputados documentación de la que se derivan al menos 10 auditorías forenses, es decir, potencialmente encaminadas a un proceso judicial. Entre las irregularidades documentadas como daños patrimoniales que ameritan la intervención del Ministerio Público figuran adjudicaciones sin licitación pública en el caso de las universidades, así como la opacidad en las contrataciones que éstas hicieron con dependencias de la administración federal como Pemex Exploración y Producción.
y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), en específico en el caso del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).
El auditor subraya que detrás del dinero mal gastado se detectaron esquemas que propician la simulación de los servicios y las adquisiciones, al contratar proveedores sin perfil, sin la capacidad técnica, material y humana para prestar los servicios comprometidos.
Los casos
Por ejemplo, la ASF concluye que la Universidad Autónoma del Carmen (Unacar) no cumplió con las disposiciones de 11 contratos que suscribió con Pemex y la Sagarpa, de los cuales habría recibido en 2014 un monto por un millón 157 mil 679 pesos.
La Unacar aseguró que tenía la capacidad técnica, material y humana para prestar los servicios convenidos. Pero al revisar la documentación se encontró que recurrió a 20 empresas privadas, a las que pagó 826 mil 438 pesos, 71.4% del monto de los contratos hechos con las entidades de la administración. Esto no se ajusta a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Asimismo, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) recurrió a empresas y pagó a prestadores de servicios por honorarios para desahogar convenios y contratos con Sedesol, INEA, Cofepris, IMSS y FOVISSSTE.
Esta subcontratación concentró el 75% de los ingresos recibidos y que, de acuerdo con la muestra fiscalizada por la ASF, ascendieron a 734 mil 443 mil pesos.
Otra auditoría forense se refiere a contratos y convenios de la Sedesol con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Se concluye que en los cinco contratos celebrados por 430 mil 109 pesos se observan inconsistencias en cuatro de ellos, por la suma de 426 mil 424 pesos.
