Demanda Congreso a la CEDH que investigue violaciones a derechos de niños en penales

  • El Pleno de diputados aprobó el punto de acuerdo presentado al respecto por la legisladora Dulcelina Sánchez de Lira
  • Los pequeños viven con madres en internamiento dentro de los centros de reinserción social de la entidad

El Pleno del Congreso del Estado, aprobó el punto de acuerdo presentado por la diputada Dulcelina Sánchez de Lira, para exhortar al Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, investigue posibles violaciones a derechos humanos de niñas y niños que viven con madres en internamiento dentro de los centros de reinserción social de la entidad.

La diputada Sánchez de Lira explicó en su punto de acuerdo aprobado se señala que la Constitución  de la República  prescribe  en el artículo 1°, que en los Estados  Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en dicha Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

Además, el Pacto Federal a través del artículo 4°, párrafo noveno, previene que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

A la luz del texto constitucional aludido, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece como uno de sus objetos, el de garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.

Es importante  señalar que en materia de derechos  de niñas, niños y adolescentes,  de conformidad  con los artículos,  13 de la Ley General  de los Derechos  de Niñas, Niños y Adolescentes; y 15 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí, las autoridades federales, de las entidades federativas, y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a adoptar las medidas necesarias para garantizarlos.