- José de Jesús Martínez Loredo autorizó la erogación de más de 1.6 mdp en el finiquito de 6 ex trabajadores
- Tan sólo a uno de ellos recibió más de 360 mil pesos por haber laborado 10 meses dentro de la Auditoria Superior del Estado
Liquidaciones por más de 360 mil pesos a trabajadores con menos de un año de antigüedad dentro de la Auditoría Superior del Estado, así como nombramientos en puestos de alto rango de responsabilidad legal dentro de la dependencia, aparentemente sin títulos profesionales, son tan sólo algunas de las irregularidades que se documentan la denuncia den juicio político que se presentó ante el Congreso del Estado en contra del titular de la ASE, José de Jesús Martínez Loredo.
De acuerdo a la documentación que presentó el diputado Enrique Flores, en total la Auditoría Superior del Estado, que es la encargada de vigilar que no se cometan abusos ni irregularidades en el manejo de los recursos públicos en las diferentes dependencias estatales y municipales, erogó un millón 663 mil 418 pesos para finiquitar a seis ex empleados.
Se señala que Juan Elpidio Rodríguez Viña, quien ocupó el cargo de Auditor Especial de Legalidad durante 10 meses y recibió finiquito de 360 mil 098 pesos; Daniel Medina Castillo, quien ocupó cargo de Coordinador de administración, Finanzas y Servicios durante 12 meses recibió un total de 325 mil 641.22 pesos.
Juan Carlos de Alba Herrán, quien se desempeñó como Coordinador de Auditorías Especiales durante seis meses, recibió una liquidación de 275 mil 103.50 pesos; José Mejía Lira, quien se desempeñó como Auditor de Fiscalización Municipal durante 14 meses cobró por su finiquito 281 mil 768 pesos; María Teresa de Jesús Zapata Zapata recibió 119 mil 638.97 pesos y Juan Antonio Zapata Zapata obtuvo 301 mil 169.08 pesos.
El legislador panista también señala que José de Jesús Martínez Loredo, pudo haber contratado a personal sin tener título profesional, o al menos no lo han presentado ante la Auditoria Superior del Estado, lo cual podría ocasionar que jurídicamente sus actos carecieran de legalidad y por consecuencia son nulos de pleno derecho.
En esa situación se encontrarían Humberto Pérez Castillo, Pedro Almendárez Robledo, Luis Igueravide Rangel, Abraham Martín Reyes y Ricardo Rodríguez Luna a quienes “ocupan un cargo con responsabilidad legal y con altos sueldos y jamás han demostrado tener un título o una cédula profesional, cometiéndose el delito de Usurpación de Profesión”, se asienta en el documento.