CON TODO.- El diputado Enrique Flores Flores se le fue con todo al auditor Superior del Estado, José de Jesús Martínez Loredo, en la denuncia de juicio político que realizó ante el Congreso, en donde pide que se presente ante la Procuraduría General de Justicia una denuncia penal en su contra, así como su arraigo domiciliario, ante el temor de que pueda sustraerse a la acción de la justicia.
Y SIGUE…- También señala que se debe decretar su inhabilitación para ocupar cualquier cargo público y obligado a resarcir el daño que le ha causado al erario público, durante el tiempo que ha estado en el cargo.
DATOS.- En entrevista, el legislador panista, aseguró que Martínez Loredo, realizó una alteración presupuestal de más de 31 millones de pesos, en menos de 10 meses; e indicó que cuando fue auditor del Invernadero Santa Rita, y ya como Auditor Superior “inventó cargos y entregó finiquitos a colaboradores cercanos por más de un millón 600 mil pesos”.
OTRA DE RAYMUNDO RAMÍREZ.- Como autentico energúmeno se puso el regidor capitalino Raymundo Ramírez Urbina, ayer, cuando un reportero de El Heraldo lo cuestionó sobre el monto del salario que perciben los integrantes del Cabildo, pues no sólo no contestó, sino arremetió en contra del periodista, quien en ese momento temió por su integridad física, ante un encolerizado funcionario público, cuya actitud cambio radicalmente en relación con la pasividad y temor, bueno miedo al borde de las lágrimas, que mostró hace una semanas, cuando un diputado de su partido le dio sus “cachetadas guajoloteras” luego de acusarlo de traicionar al PAN, por votar en contra de su bancada.
LO QUE ESCONDE.- Lo que el regidor panista trató de ocultar fue el alto salario que percibe mensualmente en comparativa al ineficiente y pobre trabajo que hasta el momento ha aporta en beneficio ciudadano, además de los cerca de 250 mil pesos por el «arduo» trabajo de haber conformado, según él, la comisión de Desarrollo Económico del Municipio. Ahora nos explicamos porque votó en contra de la decisión colegiada que tomaron los regidores panistas en el caso de Vigue. Tenía 250 mil buenas razones para hacerlo.
INICIO Y FINAL.- También le molestó que le preguntara sobre su futuro político ante la llegada de Xavier Azuara a la presidencia del PAN, ya que cortante y tajante dijo que desconoce qué es lo que le deparará en la política al haber traicionado a sus compañeros de fracción en las votaciones de Cabildo. La respuesta es clara y sí la conoce Raymundo: el fin de su carrera política dentro del PAN.
VIGUE VUELVE AL SERVICIO.- Por cierto, ayer un Juez Federal le concedió a Vigue un amparo, por lo que a partir de las 3 de la tarde retornó a brindar el servicio de recolección de basura en las rutas y horarios de costumbre. Asimismo, el juez ordenó al Ayuntamiento regresarle el manejo del relleno sanitario de Peñasco. En el comunicado manejado ayer por la empresa, reitera su respeto al estado de derecho y reafirma su posición para privilegiar el diálogo abierto, franco y que conlleve a soluciones reales. De igual forma ofrece transparencia absoluta en su operación diaria.
RESPUESTA.- Poco después de que les fuera notificado lo anterior al Municipio, este respondió, vías desplegado a la opinión pública, que acatará la suspensión temporal concedida por la Justicia Federal a la empresa Vigue; sin embargo mantendrá el servicio que implementó en la ciudad a raíz del paro de actividades de la empresa regiomontana. También le pide a los potosinos que estén muy atentos a los medios de comunicación y redes sociales del Ayuntamiento sobre las rutas y horarios en que brindará el servicio.
CARAVANA DE TAXISTAS.- Los líderes taxistas, a quienes el diputado local Sergio Desfassiux Cabello calificó de chantajistas, ayer poco después de las 13:00 horas habían llegado a las inmediaciones de avenida José de Gálvez y la carretera 57, por cierto, iban sobre los carriles centrales, con ello obviamente buscaron entorpecer y causar molestias a los conductores de vehículos particulares, van con la mira de llegar a Los Pinos, para exigir “justicia”, esa misma justicia que ahora pisotean al atentar contra los derechos de terceros. Iban custodiados por policías municipales, esos que son pagados con los impuestos de todos los sanluisinos, ahora para proteger a los líderes de los ruleteros.
