- Andrés Piña denuncia intervención del Poder Judicial en la renovación de la organización de abogados de San Luis Potosí y violación a sus derechos humanos
- Mediante una misiva dirigida al gobernador pide su intervención y que haga prevalecer el estado de derecho en San Luis Potosí
Abogado que labora en el Séptimo Distrito Judicial, con cabecera en Tamazunchale, acusó al Consejo de la Judicatura del Supremo Tribunal de Justicia de intervenir en la renovación de la Asociación de Abogados de San Luis Potosí y violentar sus derechos humanos, luego que se negaran a concederle un permiso por un mes, sin goce de sueldo, para ausentarse de su trabajo en busca de la dirigencia de la organización de los juristas potosinos.
Lo anterior fue denunciado por Andrés Piña Gutiérrez, mediante un escrito dirigido al gobernador Juan Manuel Carreras, con copia para el presidente del Poder Judicial, Luis Fernando Gerardo González, Congreso del Estado, Comisión Estatal de Derechos Humanos y medios de comunicación.
Señala que el pasado 15 de febrero presentó la solicitud de permiso, obteniendo “sin fundamento aplicable al caso, ni motivación suficiente alguna, una rotunda negativa por parte del Consejo de la Judicatura, lo que significa que el Poder Judicial está interviniendo en la renovación de la Asociación de Abogados de San Luis Potosí”.
Agrega que “ no permite mi participación en dicho proceso electoral con la negación del permiso solicitado y negado, conculcando además mis derechos como trabajador del Poder Judicial y con violación a mis derechos humanos, lo c ual resulta grave al provenir dicha resolución de negar mi permiso del máximo órgano del Poder Judicial como lo es el Consejo de la Judicatura, quien tiene la misión y el compromiso con la sociedad de que se realicen todos los tramites con estricto apego a derecho.
Considera que “tal parece que a los concejeros y al presidente del Supremo Tribunal de Justicia no les importa mis derechos que tengo como trabajador, ignorando así de manera grave y en mi perjuicio el artículo 35 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado”.
Finalmente, pide al gobernador que haga prevalecer el estado de derecho en el Estado y no permita los excesos ya que esto redundaría en perjuicio de la buena administración de justicia en el Estado.