La Contraloría y la Fiscalía Anticorrupción del gobierno de Sonora investigan denuncias específicas en contra de la Oficina del Ejecutivo, que de 2009 a 2015 representaba al ex mandatario panista, Guillermo Padrés Elías.
Fuentes oficiales consultadas por un Diario de circulación nacional aseguraron que son varias las averiguaciones previas relacionadas a la oficina del ex gobernador de Sonora y que el asunto más grave es la autorización de Guillermo Padrés para la realización de auditorías a modo que beneficiaron a colaboradores cercanos, ex funcionarios y empresarios de su administración.
A pregunta expresa sobre si existen denuncias específicas en contra de la Oficina del Ejecutivo Estatal, el contralor general de Sonora, Miguel Ángel Murillo Aispuro, respondió:
“(Existen denuncias), específicamente en contra de la Oficina del Ejecutivo (durante el sexenio de Guillermo Padrés), sé que también tienen averiguaciones previas en la Fiscalía Anticorrupción y nosotros tenemos investigaciones en la Contraloría Estatal”, confirmó.
Fue en marzo de 2015 cuando salió a la luz pública que la administración de Guillermo Padrés había favorecido a 574 contribuyentes, entre empresarios y ex funcionarios, con exoneración de impuestos por mil 704 millones de pesos, a través de 198 auditorías amañadas, según informó Aristóteles Núñez, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Además, el erario estatal dejó de percibir alrededor de 104 millones de pesos en incentivos fiscales que serían gastados en programas y acciones de salud, educación, seguridad e infraestructura pública.
A cinco meses de su creación, la Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción integra 128 averiguaciones previas de carácter penal en contra de ex funcionarios del sexenio pasado, incluyendo al ex gobernador panista Guillermo Padrés; en tanto, la Contraloría General del estado indaga más de 500 expedientes e investiga faltas administrativas que podrían derivar en multas para la reparación del daño patrimonial al erario e inhabilitaciones para ejercer cargos públicos.