La primer síndico municipal, María Isabel González Tovar, reafirmó que está debidamente sustentada y con pruebas, la solicitud aprobada por el Cabildo para que el Congreso del Estado analice y determine si procede o no, la cancelación de la concesión a la empresa que debe proporcionar el servicio de recolección y disposición final de los desechos domésticos.
Resaltó los resultados de las investigaciones llevadas a cabo por la Contraloría Interna, así como las decisiones y acciones unilaterales que tomó la mencionada compañía en perjuicio de toda la población, como la suspensión de la imprevista y de manera intempestiva de la recolección.
Igualmente se detectó una afectación al erario municipal por más16 millones de pesos por irregularidades en el pesaje por tonelada de recolección y tratamiento; de ahí que necesitamos que los legisladores locales estudien este caso y si hay también un daño patrimonial al Ayuntamiento. “Esto se descubrió gracias a la revisión que hizo la actual Contraloría del periodo 2013 al 2015”.
“Otro aspecto importante es la falta de cumplimiento del relleno sanitario en tiempo y forma, donde también destaca el cambio de lugar de Santa Rita a San Juanico sin autorización del Congreso del Estado; todo ello está anexado a las pruebas del incumplimiento al contrato”.
González Tovar consideró importante no especular y tratar con cautela este tema porque “estamos sometidos a procedimientos y también habrá que esperar la votación de los diputados respecto a la petición de cancelación, por ello es importante guardar cierta secrecía sobre todo, en los elementos de prueba que el Congreso también vaya a aportar en este caso.
