El Gobierno del Estado aún está en tiempo del cumplimiento a las recomendaciones ejercidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Karla Pontigo Lucciotto, anunció el titular de la CEDH, Jorge Vega Arroyo, quien abundó en que la dependencia a su cargo está en espera de la solicitud de apoyo al organismo nacional referente al tema.
Dijo que en la solicitud que emitió la CNDH al Gobierno Carrerista vienen ciertas medidas a ejecutar “y una de ellas tiene que ser la reparación o indemnización a los familiares de la víctima, la reapertura del caso y si todavía se puede investigar como feminicidio”.
Añadió que es un asunto que está conociendo la Suprema Corte de Justicia, por lo que hay que también habrá que esperar lo que dictamine esta autoridad judicial sobre el caso para también actuar en consecuencia.
Negó que el Gobierno del Estado sea omiso en algunos puntos estipulados dentro de la recomendación emitida por la CNDH como lo es la comparecencia de ex funcionarios partícipes en la investigación, puesto que ya se están ejerciendo los primeros lineamientos correspondientes.
“Pero le corresponde darle seguimiento a la Comisión Nacional y es quien puede dar ya los datos más precisos de las investigaciones que se hayan iniciado” por lo que dijo que el efectivamente hay voluntad del gobierno carrerista de acatar las recomendaciones.
Por otra parte, Vega Arroyo dijo que a pesar de que se implementan programas para erradicar casos de tortura, los casos que se tienen de policías es preocupante porque en el Nuevo Sistema Penal Oral, Adversarial y Acusatorio existe la figura de exclusión, donde se pueden eximir la pruebas que sean obtenidas de manera ilícita o por violación a derechos fundamentales.
Dijo que si en un proceso legal se presentan evidencias logradas a través de actos de tortura, se consideraría una violación a los derechos humanos, y por ende, las aportaciones quedarían desestimadas.
También mostró su preocupación a las áreas de Investigación de la Policía Ministerial; o en el caso de la prevención, que realiza la Secretaría de Seguridad Pública, pues de concretarse la referida situación, implicaría impunidad y víctimas “con mal sabor de boca” por no hacerse justicia.
“Preocupa el tema por la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, por eso es que nosotros hacemos el señalamiento en ambas vertientes (…) el nuevo sistema llama a que la investigación sea más científica; y es la preocupación que nosotros hemos extendido”, expuso.
Sentenció que el método de investigación de las autoridades no debe basarse en un procedimiento de tortura, pues eso generará impunidad para quienes sufren y denuncian un delito en su contra.
