Ante hechos de Topo Chico la readaptación social tiene que ser revisada en SLP

-Existe ya el antecedente del 2013 en La Pila donde hubo 13 muertos y 65 heridos

-El pasado 21 de diciembre los internos se amotinaron en protesta por malos tratos

Ante los lamentables acontecimientos registrados en el penal de Topo Chico y los antecedentes que existen en San Luis Potosí dentro del centro de readaptación social de La Pila, el gobernador Juan Manuel Carreras, afirmó que la readaptación social tiene que ser revisada y supervisada en el Estado, para prevenir y evitar hechos de esta naturaleza.

Lo anterior lo manifestó en la ciudad de México, en donde  expresó su solidaridad con las familias de los 49 internos fallecidos en el enfrentamiento ocurrido en el penal de Topo Chico, en Monterrey, Nuevo León.

Cabe recordar que en esta entidad, el 27 de abril 2013 en el penal La Pila se registró una riña entre dos grupos rivales que dejó 13 muertos y 65 heridos, y en el mismo centro penitenciario el 21 de diciembre pasado, los internos se amotinaron, prendieron fuego a los colchones de sus celdas y pelearon en dos bandos, con un saldo de al menos tres lesionados.

Carreras afirmó que se está trabajando en todos los temas de seguridad y la readaptación social es un tema permanente.

El gobernador potosino se reunió con el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, Álvaro Vizcaíno Zamora, y con el Comisionado Nacional de la Policía Federal, Enrique Francisco Galindo Ceballos, con el propósito de impulsar proyectos estratégicos en seguridad pública, profesionalización policial y de coordinación interinstitucional.

El gobernador informó que en la reunión se acordó reforzar la seguridad pública en los límites con otros estados, así como fortalecer la coordinación con los demás gobiernos estatales del País en materia de operativos e intercambio de información; también dijo que en el encuentro se analizaron los esquemas de inversión para proyectos estratégicos, profesionalización y equipamiento durante los seis años de la administración estatal, incluyendo lo referente a los fondos federales.