A pesar de que se implementan programas para erradicar la tortura, los casos que se tienen de policías es preocupante porque en el Nuevo Sistema Penal Oral, Adversarial y Acusatorio existe la figura de exclusión, donde se pueden eximir la pruebas que sean obtenidas de manera ilícita o por violación a derechos fundamentales.
Jorge Vega Arroyo, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) dijo que si en un proceso legal se presentan evidencias logradas a través de actos de tortura, se consideraría una violación a los derechos humanos, y por ende, las aportaciones quedarían desestimadas.
También mostró su preocupación a las áreas de Investigación de la Policía Ministerial; o en el caso de la prevención, que realiza la Secretaría de Seguridad Pública, pues de concretarse la referida situación, implicaría impunidad y víctimas “con mal sabor de boca” por no hacerse justicia.
“Preocupa el tema por la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, por eso es que nosotros hacemos el señalamiento en ambas vertientes (…) el nuevo sistema llama a que la investigación sea más científica; y es la preocupación que nosotros hemos extendido”, expuso.
Sentenció que el método de investigación de las autoridades no debe basarse en un procedimiento de tortura, pues eso generará impunidad para quienes sufren y denuncian un delito en su contra.