La fracción Partido Acción Nacional, quien se opuso a la cancelación del contrato con Vigue, solicitó, antes de que se pusiera a votación la propuesta del edil Ricardo Gallardo Juárez, que se hiciera un replanteamiento de la misma y se requiriera de inmediato a la empresa para que regresar a prestar el servicio concesionado, apercibiéndola para que en caso de no hacerlo, surtan efecto consecuencias legales.
Lo anterior fue expresado durante la reunión del Cuerpo Edilicio, por Marcela Zapata, a nombre de los cinco regidores panistas, aunque posteriormente, durante la votación, Raymundo Ramírez Urbina decidiera irse por la libre.
Asimismo, propusieron un procedimiento de carácter arbitral en el que estén de acuerdo sujetarse ambas partes con la intención de evitar que este proceso lleve más tiempo, situación que afecta principalmente a los ciudadanos y que en su virtud, merecen una pronta solución al problema de recolección.
Dejaron en claro que antes de cualquier decisión se debería realizar un análisis financiero donde se expliquen las diferentes opciones con las que cuenta el Ayuntamiento, así como una represupuestación especifica sobre cómo se llevara a cabo y cuáles serán las partidas al servicio.
Citaron como antecedentes el hecho de que la suspensión de la recolección de basura afecta a casi 222 mil viviendas; que 9 de cada 10 potosinos son afectados por la suspensión del servicio.
Que la suspensión del servicio de recolección de basura, representa el no tener certeza del depósito de residuos, que se traduce: tan sólo en capital al 52% de toda la basura en el estado de San Luis Potosí y que al día de ayer había 1 millón 45 mil kilogramos de basura según datos del COPLADEM.
Dejaron en claro que le corresponde al Municipio brindar el servicio de recolección y disposición de los residuos, que desde hace algunos años, el municipio le concesionó a Vigue Red Ambiental.
Revelaron que la anterior administración dejó un adeudo pendiente con la empresa, lo que motivo una demanda judicial mediante la cual se pretende hacer efectivo el pago correspondiente, litigio que se encuentra aún sin resolver.
Además de que desde el inicio de la actual presente administración se han evidenciado públicamente diferencias entre el Municipio y Vigue, lo cual motivaron la decisión unilateral de la empresa concesionaria, de dejar de prestar el servicio ocasionando perjuicios a la ciudadanía.
Relatan que el Ayuntamiento implementó un programa, mediante el cual se busca brindar el servicio, pero no cuenta con el equipo, infraestructura, personal, ni los recursos suficientes para prestar el servicio requerido.
Los panistas plantearon que se debía considerar los diversos escenarios a seguir por parte del Ayuntamiento, para cumplir con esa responsabilidad y los riesgos que entraña un conflicto de esa naturaleza, tanto en lo económico en el municipio, como para la sociedad.
Asimismo, se preguntaron que si el municipio carece de los elementos indispensables para dar el servicio, ¿quién lo va a otorgar, bajo qué condiciones y a que costo?; ¿Cuánto tiempo se llevará la regularización del servicio y cuantos recursos económicos se tienen proyectados destinar a este fin?
Sin embargo sus argumento no fueron tomados en cuenta por los perredistas, quien, irónicamente con el voto de un regidor panista, aprobaron solicitar al Congreso la cancelación del servicio a Vigue.
