Nuevamente el Ayuntamiento de la capital convocó a reunión extraordinaria de Cabildo, ahora para este martes a las 12 del día, en Palacio Municipal, en donde se someterá a votación la cancelación del contrato de recolección de basura de la empresa Vigue – Red Ambiental.
De acuerdo con la ley, se requieren de 12 votos, la mayoría calificada, de los 18 integrantes del Cuerpo Edilicio capitalino, para proceder a la revocación de la concesión a la empresa regiomontana.
El Cabildo está integrado por 18 concejales, con voz y voto, distribuidos de la siguiente manera: Presidente Municipal; siete regidores del PRD; cinco del PAN; dos del PRI y uno del PT, así como dos síndicos municipales, ambos del Partido de la Revolución Democrática.
Obvio está señalar que tanto el edil capitalino como toda la bancada del PRD están a favor de la recisión del convenio con Vigue, es decir cuentan con 10 votos, más uno del regidor del PT, quien apoya la postura del Ayuntamiento, para un total de 11, faltándoles un voto para obtener la mayoría calificada.
En contra a la derogación del convenio y formando un bloque atípico se encuentran los regidores del PAN y PRI, quienes en teoría tienen 7 votos y serían suficientes para frenar la intención del Municipio perredista.
Sin embargo, hay fuertes versiones de que el concejal panista Raymundo Ramírez Urbina, votaría en contra de la decisión de su partido y estaría a favor de la cancelación de la concesión, con lo cual daría el voto que necesita el Municipio para la revocación del convenio.
Este día se produjeron varias reacciones sobre el tema, entre ellas el regidor priísta David Alanís Cardona, quien consideró que lo ideal es que el Cabildo reciba la información necesaria para que decida lo mejor en beneficio de la ciudadanía y el asunto se defina sin llegar al Congreso del Estado, que sería la última instancia. Advirtió que de judicializar el tema de la basura, el daño patrimonial a las arcas del Ayuntamiento serían mayores, considerando la situación en la que se encuentra actualmente.
Por su parte, el dirigente del comité estatal del partido Acción Nacional Xavier Azuara refirió que rescindir el contrato a la empresa operadora le costaría a los potosinos un promedio de 200 millones de pesos.
Señaló que luego de revisar el contrato de la basura, hay cláusulas que estipulan penalizaciones de hasta el 20% para los próximos 20 años lo que se traduce en una erogación de más de 20 millones de pesos del erario público.
Dijo que es de suma importancia el transparentar el contrato así como cuestionar a la alcaldía capitalina sobre lo consecuente tras la cancelación del convenio a la empresa Vigue/Red Ambiental y las causas que originaron esta decisión.
Por su parte, el alcalde Ricardo Gallardo Juárez negó que exista alguna penalización por parte de la empresa Vigue en caso de que el municipio rompa con el contrato de recolección de desechos con Vigue puesto que aseguró que no está estipulado en el convenio celebrado entre ambas partes.
Al respecto personal de Vigue ha indicado que si existe una clausula de rescisión del contrato y de llegar a darse el caso el Ayuntamiento tendría que pagar una sanción de entre 350 y 400 millones de pesos
Dio a conocer que es incierto que los regidores de oposición no han sido pensionados de alguna manera en el tema de la basura por lo que manifestó que el voto de los ediles en las sesiones de Cabildo conforme a la problemática puede ser en pro o en contra de las propuestas emanadas por el ayuntamiento capitalino. «Ellos saben si apoyan al ciudadano o estan en contra de las obras que se pueden hacer con los remanentes que sobren de ese contrato leonino, así de sencillo» expresó.
Por su parte, el dirigente el partido de la Revolución democrática José Luis Fernández manifestó que después de la crisis económica, el segundo problema más serio al que se enfrenta el ayuntamiento es el tema de recolección de desechos, por lo que es de esperarse que algunas figuras públicas aprovechan la ocasión para entrampar el tema con cuestiones personales.
Reiteró que la postura del PRD es siempre estar a favor de que el ayuntamiento regrese a la custodia del municipio, la operación de recolección y el destino final de los desechos que se generan en la capital.